En un comunicado, la formación abertzale manifiesta, textualmente, que, "desde el respeto a la presunción de inocencia que a todo ciudadano le corresponde como pilar fundamental de un Estado de Derecho, y ante la filtración en diversos medios de comunicación de supuestas y presuntas planificaciones de actividades tendentes a la comisión de actos de violencia contra bienes y personas, entre ellos, al parecer, contra el lehendakari
Patxi López", se reafirma en su rechazo "ante cualquier acto de violencia".
Por ello, "en consecuencia y de manera nítida", vuelve "a rechazar los actos de violencia y coacción" producidos la semana pasada en Vitoria y Portugalete "con independencia de su autoría", en referencia a los actos que Interior del Gobierno vasco ha atribuido a la kale borroka y a la amenaza a un candidato del PP a la Alcaldía de la localidad vizcaína,
Juan Carlos Castaño, a través de pintadas.
No obstante, la nueva formación de la izquierda abertzale añade a continuación que se suma a "la preocupación y firme rechazo ante las nuevas y graves denuncias de episodios de tortura y el mantenimiento de la persecución política y judicial contra militantes independentistas".
"Nos adherimos a las voces que desde la sociedad vasca e incluso desde instancias internacionales como Amnistía Internacional o Naciones Unidas solicitan el fin de la detención incomunicada", dice Sortu, según la cual, su "rechazo a la violencia no se efectúa desde posiciones de equidistancia entre distintas vulneraciones de derechos humanos, sino desde el repudio de todas y cada una de ellas".
No entiende la postura de la abogacía y la Fiscalía
Tras señalar que "no entiende" la postura de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra su legalización, destaca que su alejamiento de la violencia, "en particular" de la de ETA, es "estratégico y definitivo", y asevera que no es continuidad de organizaciones ilegalizadas.
La formación abertzale destaca el derecho que tienen "los sectores independentistas y socialistas de la sociedad vasca a encauzar" su proyecto político "a través de una oferta electoral que permita reflejar con integridad su voluntad democrática". En este sentido, recuerda que representa "un nuevo proyecto político y organizativo para una nueva fase en Euskal Herria con el objetivo de alcanzar y consolidar la paz, la justicia y la democracia".
"Desde la legitimidad que nos otorga un importante sector de la sociedad vasca y por vías exclusivamente políticas y democráticas, no hemos nacido para dar continuidad organizativa ni funcional a partidos ilegalizados, sino para dar vida a una formación política con principios y compromisos que son un punto de inflexión en la trayectoria de la izquierda abertzale", ha indicado.
Sortu asegura que "este proyecto político y organizativo ha manifestado un rechazo inequívoco de la violencia", y ha explicitado "abiertamente y sin ambages, que, en ese rechazo, se incluye a la violencia de ETA".
"Hemos rechazado cualquier connivencia con organizaciones que ejerzan cualquier tipo de violencia, amenaza o coacción y hemos dicho que en Sortu no puede participar, ejercer responsabilidad o representarla, quien no asuma explícitamente esos principios y compromisos", ha remarcado.
Señala que "estos principios no son retóricos ni pretenden ser, en absoluto, un movimiento táctico o un mero cumplimiento formal de la legalidad con un carácter instrumental para dar cuerpo a organizaciones ilegalizadas".
"No se trata de un alejamiento coyuntural de la violencia, sino estratégico y definitivo. Lo estratégico y sustancial es el rechazo a la violencia, lo coyuntural, sin quitarle relevancia, es la creación de un nuevo instrumento político electoral", ha añadido.
Por ello, reitera que, junto "con el resto de agentes políticos, sindicales y sociales", quiere "contribuir a la desaparición de cualquier violencia y en particular a la de ETA", y añade que lo quiere "hacer de forma activa". "Sortu quiere comprometerse en ese anhelo común de la sociedad vasca, para que nadie ni nunca utilice la violencia en la defensa o apoyo de ideas o proyectos políticos", asevera.
"Desarrollo sin coacción de todos los proyectos"
De esta forma, insiste en que quiere "contribuir a una paz sinónimo de justicia y democracia, una paz basada en el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, una paz pivotada en el desarrollo igualitario y sin coacción alguna de todos los proyectos políticos".
La formación abertzale entiende "que el fin de la violencia no tiene precio político", pero considera que "la paz es algo más que el fin de la violencia y tiene que estar sustentada en el respeto a todos los derechos individuales y colectivos de los hombres y mujeres de Euskal Herria".
"Nuestra formación política supone una ruptura con organizaciones del pasado, tanto por los principios y compromisos democráticos asumidos en nuestros estatutos, como por el modelo de organización y funcionamiento de la nueva estructura política", añade. Asimismo, se marca como objetivo "encauzar por vías exclusivamente políticas y democráticas un espacio social independentista y progresista de la sociedad vasca y aportar a la paz, a la democracia y a un cambio político y social".
"Tenemos derecho a ser legales porque cumplimos la Ley de Partidos en todos sus términos, así como las interpretaciones que de ella ha realizado el Tribunal Supremo, y porque nuestra futura actividad será coherente con los principios y compromisos estatutarios, sin que deban exigirse rechazos no previstos legalmente, planteamientos morales o expresión de determinados sentimientos, sino única y exclusivamente actividades legales y democráticas", manifiesta.
A su entender, se vive "un momento histórico para empezar a construir un futuro de paz y soluciones definitivas a tantos años de sufrimiento y confrontación". "Nuestro compromiso es y será que el enfrentamiento y el sufrimiento sean sustituidos por la palabra, la democracia y la reconciliación", apunta.
Por ello, considera que su legalización "no puede estar sujeta a batallas políticas, a inercias de un pasado reciente de enfrentamiento violento, sino que debe entenderse como un ingrediente indispensable para construir un futuro sin violencias y desde la democracia sin límites". "Nuestra legalización es una inversión por un futuro", indica, para apelar "a la sociedad española y a sus poderes públicos, a ser consciente de la enorme oportunidad" a construir "entre todos".
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