Este año nos encuentra en el Congreso con importantes temas relacionados con mejorar la calidad de vida de las mujeres. Pero antes de comentarlos, me gustaría hacer un breve repaso de las dos leyes que logramos sancionar desde que asumimos nuestra banca de Libres del Sur.
En 2009 alcanzamos un gran logro con la sanción de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Es que esta ley implica un salto cualitativo importantísimo en el corpus legal al reconocer las distintas formas de violencia hacia la mujer existentes en la sociedad, tipificarlas y definir su modalidad.
Así, logramos crear un marco de interpretación para que los encargados de aplicar la justicia tengan herramientas para nombrar y mencionar toda una serie de situaciones como la violencia simbólica, sexual, psicológica, que antes estaban en el éter aunque todas sabíamos que existen.
Por supuesto, una vez hechas las leyes hay que estar atentos para ver cómo se ejecutan. La ley de Protección Integral fue reglamentada por el Poder Ejecutivo recién el año pasado. Las instituciones encargadas de velar por la aplicación de esta ley disponen de muy bajo presupuesto.
Entonces, desde las organizaciones sociales debe seguirse presionando para que lo convertido en ley no se transforme en letra muerta sino que adquiera encarnadura en la realidad de todos los días.
En 2010 dimos y ganamos el debate sobre infanticidio: la reimplantación de esa figura significa volver a poner en el Código Penal una figura que existió siempre y está en todos los códigos penales del mundo, y que en nuestro país fue derogada inconsultamente, permitiendo que sufrieran la pena máxima mujeres que, más que homicidas, fueron victimas de embarazos no deseados y frutos de violación o abuso.
El proyecto para que se modifique el Código Penal fue aprobado en Diputados: queda ahora por ver qué sucederá en el Senado.
Ahora sí podemos hablar de los grandes debates de este año: aborto y femicidio. El primero apunta a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Trabajamos sobre el proyecto de ley presentado el año pasado y consensuado por todas las organizaciones que integran la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Allí, proponemos que el aborto hasta la semana 12 del embarazo sea un derecho de todas las mujeres adultas, y que el sistema público de salud y las obras sociales sean responsables de su correcta y gratuita realización.
Partimos de la base que en todos los países del mundo donde se legalizó, como Italia y Francia, las muertes por aborto clandestino descendieron a cero. En simultáneo, la cantidad de abortos no subió.
En la Argentina de hoy existen 500.000 abortos clandestinos por año, y muere una mujer cada dos días por abortos mal practicados: ante esta realidad el Estado tiene la obligación de intervenir y brindar atención médica segura y gratuita. Es una cuestión de política pública.
En la última reunión de 2010 de la Comisión de Legislación Penal (una de las tres comisiones a las que fue girado el proyecto de ley), presidida por Carlos Vega, tuvimos la oportunidad de escuchar a Marianne Mollman -presidenta de Human Rights Watch- quien ofreció un informe metódico y objetivo de la situación del aborto en los países donde éste fue legalizado, llegando a la conclusión de que en todos los casos la situación había mejorado.
La Comisión se comprometió a continuar con la discusión en 2011, así que empezaremos marzo con este tema.
El otro debate que se instaló en la sociedad y del cual se hizo eco el Congreso es el de femicidio: según las organizaciones sociales que trabajan en el tema -el Estado no dispone de instrumentos de medición- la cantidad de mujeres asesinadas por la violencia machista ha crecido en 2010 un 12% en relación al año pasado.
Y este verano asistimos a unas 15 muertes de mujeres asesinadas prendidas fuego. Ese recrudecimiento de las muertes de mujeres debe ser interrumpido. Por eso impulsamos un proyecto de ley que incorpora la figura del femicido al Código Penal, al agravar los homicidios de mujeres cuando se trata de violencia de género. De esta forma, las muertes de mujeres podrán ser analizadas a la luz de las definiciones de la Ley de Protección Integral, y en caso de demostrarse violencia de género, se considerará el asesinato como un homicidio agravado.
El impacto del proyecto de ley fue notable y tras la presentación del mismo todos los bloques políticos aportaron los suyos, mostrando así que existe un gran consenso en detectar esta problemática y discutir los modos de resolverla. Por eso, consideramos que la lucha contra el femicidio será el otro gran debate de este año electoral.
Además de estos proyectos, desde nuestro despacho presentamos varias iniciativas más tendientes a mejorar la vida de las mujeres: incorporación de la cobertura de atención y tratamiento en salud mental como prestación médica obligatoria a las víctimas de violencia de género, nacionalización del número telefónico 137 del programa “Las Víctimas contra las violencias”, son solo algunas de las líneas de trabajo que abordamos para dar una respuesta integral a una problemática tan compleja como es la desigualdad entre el hombre y la mujer, tan arraigada en nuestra cultura.
Cecilia Merchan
Diputada nacional del Movimiento Libres del Sur
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