El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha instado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a que salga, "de una vez por todas, de su escondite" y ofrezca una explicación pública sobre por qué se han manejado "cientos de millones de euros" para la tramitación de prejubilaciones y de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) "al margen de la legalidad administrativa", añadiendo que "nadie entiende en España que haya ERE tramitados al margen de la Inspección de Trabajo", por lo que su formación quiere conocer de manera urgente los informes realizados por este organismo en relación a los ERE, "y si no se han hecho, que se hagan de inmediato".
Durante su intervención ante los medios tras visitar el municipio sevillano de Écija, Arenas ha asegurado que Manuel Chaves era presidente de la Junta cuando sucedieron los hechos y que Griñán era vicepresidente económico, "por lo que a la fuerza tuvo que conocer este asunto y autorizar estas malas prácticas en la Junta".
"Lo primero que tienen que explicar es por qué han existido unos fondos importantísimos al margen de la legalidad y de los controles y si existían Expedientes de Regulación de Empleo A, que se tramitaban conforme a las normas y Expedientes de Regulación de Empleo B, que huían de las normas y controles administrativos", ha afirmado el líder del PP-A, que se ha preguntado "si una empresa podía recibir ayudas de fondos A y de los fondos B".
En esta línea, el dirigente 'popular' ha indicado que otra de las cuestiones sobre las que Griñán tiene que ofrecer explicaciones es acerca de "qué criterios se siguieron a la hora de elegir intermediarios y agencias de seguros, si hubo concursos públicos y si es normal que con dinero público se pague a intermediarios y comisionistas, una figura que está rotundamente en contra del necesario buen uso de fondos públicos en nuestra comunidad".
"NO SON NI UNA NI DOS"
Arenas ha demandado también explicaciones sobre qué personas se han incorporado a los ERE que no estaban en condiciones legales ni habían trabajado a las empresas a las que se han atribuido sus prejubilaciones. "No son ni una ni dos, los ERE en su intermediación han sido gestionados con la colaboración de personas que no trabajan en la Administración pero que están vinculados al Partido Socialista", ha añadido.
Asimismo, ha considerado que otra de las incógnitas que su formación quiere conocer es si existían ERE que se tramitaban por la Consejería de Empleo y otros ERE que se tramitaban al margen de este departamento, "qué criterios determinantes había para unos supuestos y para otros supuestos, qué empresas se analizaban en un ámbito y qué empresas se analizaban en otros".
En opinión del presidente de los 'populares' andaluces, el Gobierno andaluz está ofreciendo declaraciones "contradictorias" al asegurar que el procedimiento de tramitación de los ERE se hacía de manera legal. Sin embargo, ha apuntado que el exdirector general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero, ha declarado ante la Policía Judicial que se hicieron hasta ocho borradores de decreto para dar a este procedimiento un marco de legalidad.
TOTAL RESPALDO A JOSÉ LUIS SANZ
En un plano estrictamente político, el líder del PP andaluz ha querido subrayar que su partido apoya "al cien por cien" al presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, después de que el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, haya anunciado acciones legales contra él tras sus declaraciones sobre este caso. "Habría que decirle al PSOE que, en vez de anunciar querellas contra el PP, lo que tienen que hacer es querellarse contra los responsables de haberse llevado fondos públicos", ha apostillado.
De otro lado, Arenas ha dicho no entender que si la Junta considera que todo ha sido transparente y legal por qué no acepta la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, "donde hace 16 años que no se celebra ninguna". Además, ha asegurado que hay "irregularidades tan claras" en este asunto que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, hace "el ridículo" asegurando que todo ha sido legal, "aunque pretenda así hacerle un favor a su partido".
Finalmente, ha considerado que asuntos de esta naturaleza sólo ocurren "cuando hay un partido que lleva 30 años gobernando y que cree que el poder de los ciudadanos es de su propiedad y que siempre tendrán impunidad porque ganan las elecciones".
PRESTIGIO DE LA JUNTA
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha pedido que sea el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que comparezca en el Parlamento andaluz para explicar los expedientes de regulación de empleo aprobados por la Consejería de Empleo en los últimos años, ya que "las palabras del ex director general de Trabajo Javier Guerrero son de una gravedad enorme", de forma que "está en juego el prestigio de la Junta y de sus dirigentes".
Valderas considera que las declaraciones ante la Policía Judicial de Guerrero son de una gravedad enorme y ello exige que por parte del Gobierno andaluz se comparezca con carácter de urgencia y que se abra la puerta a la creación de una comisión de investigación, que ponga luz y taquígrafos ante una materia en la que se habla de casi 700 millones de euros que se han utilizado de forma irregular".
Por ello, ha pedido "transparencia e investigación", toda vez que, a su juicio, "si no hay nada que temer, no hay nada que esconder y si no hay nada que temer el mejor camino es la comisión de investigación en el Parlamento".
En ese sentido, ha recordado que dicha comisión de investigación se pidió "desde el momento en que sale el ERE de Mercasevilla y se producen las denuncias sobre errores e ilegalidades en el mismo, pero ahora lo que hay sobre la mesa es mucho más escandaloso, pues se habla de que prácticamente todos los ERE desde el año 2000 hasta la actualidad han ido por vías irregulares e ilegales".
Por ello, ha considerado que "se está poniendo en tela de juicio la capacidad de solvencia de todo el Gobierno andaluz y la propia capacidad de solvencia del presidente de la Junta, que debe estar más interesado que nadie en que esto se esclarezca".
"Debe existir una investigación política que establezca responsabilidades políticas y administrativas, no vale sólo con el camino judicial, que hay que recorrer y meter en 'chirona' a quien haya que meter si ha utilizado fondos públicos para fines o intereses muy particulares", ha agregado Valderas, para el que "está en juego el prestigio de la Administración andaluza y de los miembros de la Junta, a los que se les acusa de haber usado casi 700 millones de forma irregular e ilegal".
Asimismo, considera que "la acusación es muy grave y viene de mano de la juez que está investigando y de la Policía Judicial, más allá de la declaración de un ex director general".
En ese sentido, Valderas cree que el presidente de la Junta "es el máximo responsable del Consejo de Gobierno y con un problema de tal magnitud y escándalo de tal alcance, no estaría mal que diera él la cara, porque además Griñán estuvo en los dos gobiernos investigados siendo responsable de la Consejería de Economía y de la política presupuestaria, no sólo son responsables los dos consejeros sino que el presidenta sale tocado por esta situación si no se aclara adecuadamente.
Por otro lado, Valderas considera que en este caso "no está sobre la mesa si se han fiscalizado o no estos recursos sino saber si se han utilizado legítimamente y regularmente o no y si se han utilizado de forma opaca e interesada, la cuestión es saber si ha habido malversación, tráfico de influencias, amiguismo o favoritismo, ese es el debate".
"Todos debemos estar interesados en que la Administración salga prestigiada, no desprestigiada, y acusaciones como ésta desprestigian a la Administración pública andaluza, al Gobierno andaluz y a quienes lo dirigen", se ha lamentado.
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