La Fiscalía de Málaga solicita una pena de siete años de prisión para el empresario José Ávila Rojas, al que acusa de un delito continuado de estafa por supuestamente seguir vendiendo viviendas y aparcamientos de una promoción cuyas obras continuaron a pesar de no tener licencia concedida, lo que presuntamente ocultó a los compradores.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, una de las sociedades vinculadas al promotor, también acusado en el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), proyectó la edificación de sótanos, aparcamientos y 63 viviendas en la zona conocida como 'Carril de Relojero' de dicha ciudad.
Inicialmente, explica el ministerio público, el Ayuntamiento concedió en abril de 2003 licencia al proyecto básico condicionado a cumplimentar determinadas deficiencias y a la obtención previa a las obras de la licencia de tala y repoblación del arbolado. No obstante, la Junta de Andalucía interpuso recurso contencioso-administrativo contra este permiso.
Así, en julio de 2004, el Consistorio acordó denegar la licencia de obras "por no ajustarse a la ordenación urbanística vigente", dice el fiscal, aunque para esa fecha la empresa había vendido algunos apartamentos y presuntamente había recibido en reserva dinero por otros, por lo que el acusado, que tenía "pleno" control de la empresa, "decidió continuar la ejecución de las obras", añade.
Además, relata el escrito de conclusiones iniciales, también siguió la venta de los inmuebles "con la intención de enriquecerse en perjuicio de los compradores, por lo que hizo ocultar a éstos la denegación de la licencia", de forma que se afirmó "falsamente" y "de manera expresa", en los contratos privados que la empresa continuó celebrando, "que el solar contaba con licencia de obras".
De esta forma, "confiando en la apariencia de legalidad creada", tres personas adquirieron apartamentos entregando a la firma del contrato la cantidad total de 121.300 euros y 79.000 euros mediante pagarés satisfechos a su vencimiento. La acusación pública señala que la empresa "siguió cobrando el importe de los pagarés a su vencimiento ejecutando las obras".
Esto se hizo, indica la Fiscalía, "pese a que por auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de noviembre de 2004 se acordó la suspensión de la ejecutividad de la licencia impugnada y que por decretos de Alcaldía de Marbella de enero y agosto de 2005 se había acordado el precinto de las obras", que, finalmente, terminaron.
Además, añade el ministerio público, la empresa fue requiriendo a los compradores para el otorgamiento de escritura y pago del precio restante, ocultándoles las referidas paralizaciones y precintos y continuó simulando la legalidad de su actuación". Finalmente, en mayo de 2006, la comisión gestora de Marbella denegó el otorgamiento de la licencia de primera ocupación.
También se suspendió cautelarmente la tramitación del expediente administrativo hasta que hubiera una resolución judicial "sin que en consecuencia puedan ser legalmente ocupados los inmuebles vendidos", indica el fiscal, que acusa al empresario por un delito continuado de estafa, por el que está previsto que sea juzgado el próximo día 27 en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga.
La Fiscalía solicita una pena de siete años de cárcel y multa de 12.000 euros, de la que respondería de manera directa y solidaria la empresa. Además, insta a que se decrete la nulidad de los contratos privados celebrados con los tres compradores y a que el acusado y la empresa restituyan el dinero entregado por éstos.
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