El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado que espera que la Junta de Andalucía "cumpla" la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado el Acuerdo del Consejo de Gobierno que eludió expedientar al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación con la subvención otorgada por el Consejo de Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) en la que trabajaba su hija, Paula Chaves Iborra. Ha instado a que "proceda a investigar de inmediato". Por su parte Mar Moreno, ha anunciado la intención de la Junta de recurrir el pronunciamiento.
Arenas ha destacado la importancia de la decisión tomada por el alto Tribunal andaluz y ha indicado que el Gobierno andaluz debe cumplirla y proceder "a investigar de inmediato, como exige la democracia, el Estado de Derecho y también los jueces".
"Creo que tiene transcendencia porque pone de manifiesto que hay determinados abusos que no van a dejar de ser investigados", ha incidido el líder 'popular', quien ha visitado este sábado la ciudad malagueña de Ronda, donde ha firmado la adhesión como Patrimonio de la Humanidad.
Así, ha considerado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "es responsable de haber tratado de impedir la investigación de ese expediente, es responsable del oscurantismo que rodea todas sus decisiones". "Andalucía padece un tándem, Chaves-Griñán, que es el tándem del abuso, de los privilegios y del oscurantismo", ha lamentado.
El TSJA ha anulado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2009 que eludió expedientar a Chaves en relación con la subvención otorgada a la empresa en la que trabajaba su hija; así como ha instado a la Junta a abrirle un expediente sancionador por la misma causa.
En el auto del TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, exponen que la resolución impugnada es "arbitraria e injustificada" dado que "lo realmente trascendente" era "si el Alto Cargo cuando presidió el Consejo de Gobierno de 2009 ratificando la subvención y aprobando el gasto a favor de la empresa Matsa, conocía que su dirección, asesoramiento o administración tenía alguna parte el miembro de su familia y ello con independencia de su intervención directa con la Administración".
Estiman así los magistrados de la Sala el recurso presentado por el PP, mientras afirman que la decisión del Consejo de Gobierno "vulnera el Reglamento de la Potestad sancionadora, e ignora los principios constitucionales consagrados en los artículos 103.1 y 9.3 de la Carta Magna".
En este punto, ordenan "la apertura de un expediente sancionador" para Chaves, como pedían en la denuncia y en el suplicio de demanda, "pretensión para la que están legitimados los actores conforme a la Doctrina de Tribunal Supremo citada en los fundamentos precedentes".
RECURSO DE LA JUNTA
Por su parte, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Mar Moreno, ha anunciado la intención de la Junta de recurrir el pronunciamiento dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que insta al Ejecutivo autonómico a abrir un expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y anula el acuerdo del Consejo de Gobierno que eludió expedientar a Chaves en relación a la subvención otorgada por el Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabajaba su hija.
Moreno, que ha clausurado en la localidad malagueña de Torrox una reunión del foro litoral del PSOE, ha expresado la intención de recurrir esta decisión "porque entendemos que hemos actuado con arreglo al procedimiento administrativo, y de hecho hay un voto particular dentro de la sentencia que avala claramente a la Junta de Andalucía, y nosotros compartimos los fundamentos jurídicos de ese voto particular".
Ha recordado a los periodistas que el 'caso Matsa' es a día de hoy "un asunto administrativo", pese a que, según considera, el PP "intentó convertirlo en un escándalo, con una acusación penal que fue archivada inmediatamente por los tribunales".
"Por tanto, estamos hablando ya de un contencioso-administrativo, que la Junta de Andalucía va a recurrir dentro de la normalidad que representa un asunto administrativo que ya no tiene repercusión, y que es de absoluta menor cuantía política", ha reiterado la consejera.
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