Hacia el gran pacto autonómico

Dicen los sacrosantos sondeos -a los que no hay por qué tomar como dogma de fe- que en las elecciones que se celebrarán este año, municipales y en trece autonomías, el gran vencedor será el Partido Popular, y el gran derrotado, el socialista. Es más; el PSOE podría perder, dicen las encuestas, la mayor parte de sus feudos históricos, como Castilla-La Mancha e incluso Extremadura. Me consta que similares resultados también se barajan en el ‘cuartel general’ socialista de la calle Ferraz, aunque haya discrepancias puntuales en algún caso concreto. De confirmarse, en términos generales,  estas predicciones, uno de los grandes cambios de orientación que requieren los nuevos tiempos, la marcha del Estado autonómico, quedaría en buena parte en  manos del PP. ¿Será capaz el partido de Rajoy de gestionar tal responsabilidad?

Ignoro, porque ellos no lo han explicado suficientemente, qué piensa hacer el hoy principal partido de la oposición, mañana quizá en el Gobierno, con el problema que, a juicio de muchos, está en el centro del déficit del Estado y de muchos de los quebraderos económicos que afectan a España: el excesivo gasto de las autonomías y la armonización legislativa entre ellas. La multiplicación de leyes en torno a unas mismas materias -la famosa broma de las ‘diecisiete leyes de caza’-, la proliferación de funcionarios para dar suntuosidad a cada Comunidad Autónoma, el establecimiento de múltiples representaciones exteriores y la cesión de competencias que algunas autonomías se sienten ya incapaces de gestionar (la sanidad, por ejemplo) son algunos de los factores que han dado pie a que nos preguntemos si no ha llegado la hora de revisar ciertas cosas.

Las manifestaciones críticas más extremas llegan a cuestionar el propio Estado de las autonomías, que es uno de los arquitrabes del sistema nacido con la democracia tras la muerte de Franco. Naturalmente, revisar la esencia de ese Estado sería, a mi juicio, un dislate que pondría en solfa la propia Constitución. Pero una reforma constitucional en algunos puntos no solo no estaría de más, sino que, por el contrario, me parece altamente necesaria.

El propio PP propuso, hace no muchos años, una reforma que afectaba fundamentalmente al Título VIII, que es el que regula las autonomías. Luego, ni este partido, ni la principal impulsora teórica de la reforma, la hoy portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, han querido acordarse de todo ello, y la doctrina más reciente  del PP respecto a esta reforma constitucional es que no hay que hacerla, mientras los socialistas, perdidos en la jungla, no dicen ni una cosa ni otra.

Pero algo habrá que hacer, y los asesores políticos y legales de Rajoy (y, claro, los de Zapatero) lo saben bien. Porque, por ejemplo, la no aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, ha supuesto un duro varapalo, que nadie ha querido destacar, para los preceptos de la Constitución. El régimen de silencio y del ‘vale más no meneallo’ no puede, empero, seguir eternamente: algo habrá que hacer. Y ya no basta con decir  que ‘si un Estatuto de autonomía no se ajusta a la Constitución, habrá que cambiar el Estatuto, no la Constitución’. Porque ¿de verdad alguien se ha planteado cambiar el Estatut catalán tras la sentencia del Constitucional?

Es importante, pues, ahora que nos enfrentamos a una larga precampaña para las elecciones de mayo, que al menos los dos principales partidos nacionales hablen claro sobre cuáles son sus intenciones para embridar este galope autonómico, encauzarlo y racionalizarlo. Este, y me refiero al próximo mes de junio, quizá sea el momento, la oportunidad, para hacer el gran pacto, el primero de los grandes pactos para la reforma a medio plazo de una España que tiene que actualizar su modernidad y su eficacia.