La organización agraria Asaja ha estimado que la "supuesta" liberalización del mercado eléctrico les cuesta a los regantes andaluces casi 110 millones de euros, tras lo que ha apuntado que el sector agrario, "que sufre ya un incremento del 110 por ciento, en su factura eléctrica tras su paso al supuesto 'mercado libre', no puede soportar más subidas".
Por ello, Asaja-Sevilla pedirá la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia para que garantice que las eléctricas "operan realmente en una situación de libre mercado, y si no es así, para que las sancione y además, en el caso de que no sea posible, exigiremos al Gobierno a que, atendiendo a las peculiaridades del sector agrario, apruebe un real decreto que contemple excepciones para el sector, tal y como le permite la normativa europea".
La organización agraria ha lamentado en una nota que "cuando aún no está resuelto el compromiso del Gobierno de buscar una salida al incremento de coste de las tarifas eléctricas de riego, una nueva subida pone al borde del colapso al regadío andaluz, que con casi un millón de hectáreas no sólo tiene la mayor superficie de riego de España, sino que además, es el más moderno y dinámico de todo el país, puesto que más del 45 por ciento de toda la superficie emplea sistemas de riego localizado (riego por goteo) que consumen menos agua pero demandan más energía".
Así, ha recordado que con la desaparición de las tarifas especiales de riego en 2008 la factura eléctrica para los regantes "se incrementó en un 110 por ciento", lo que ha supuesto que en los ejercicios de 2009 y 2010 los regantes andaluces "tuvieran un sobrecoste por este concepto de 45 millones de euros".
A este "sobrecoste" se sumará el incremento aprobado por el Gobierno ahora, de forma que "se elevará la factura de los regantes andaluces en el periodo 2011-2013 en más de 64 millones de euros, lo que supone que, tras la supuesta liberalización del mercado eléctrico en 2008, con la eliminación de las tarifas especiales de riego, este sector esté sufriendo unos costes inasumibles que elevarán la factura de los regantes andaluces en el periodo 2009-2013 a casi 110 millones de euros".
Para esta organización, el paso "obligado" de los regantes de un mercado regulado al "supuesto" mercado libre supone una "falacia", dado que "tal mercado no es realmente libre, puesto que ni es transparente, ni se da una competencia real entre las suministradoras, ni existe por tanto posibilidad de elección para el consumidor, sino que se trata de un mercado opaco, en manos de dos compañías que actúan en situación de oligopolio, que son a su vez productoras y distribuidoras, y que se fijan a si mismas en una subasta, que es toda una farsa, el precio del kilowatio/hora".
Para el sector agrario y especialmente para el regadío, la desaparición de las tarifas especiales de riego y la incorporación al mercado libre en junio de 2008 "supuso un duro golpe y tuvo graves consecuencias para este sector, que fue el sector económico que más incrementó sus costes energéticos en el ejercicio de 2008, en el ejercicio de 2009 y en el ejercicio de 2010, con incrementos anuales superiores al 70 por ciento, un triste récord para un sector en pérdidas cuyo consumo eléctrico es marcadamente estacional, lo que reconoce la propia Comisión Nacional de la Energía que cifra en tan sólo el ocho por ciento el factor de utilización de la potencia contratada en el sector del riego".
Éste es uno de los argumentos que ASAJA ha puesto sobre la mesa en las 15 reuniones que ha celebrado en los dos últimos años con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural (MARM). Así, Asaja exige que se reconozca el carácter estacional del regadío, que "necesita una elevada potencia para bombear agua durante los meses más secos, pero que cuando termina su campaña de riego no vuelve a utilizar esa potencia que tiene contratada y que ahora está pagando a un coste muy alto durante todo el año, incluyendo los cuatro, cinco, seis, siete u ocho meses en que no la usa".
En dicha negociación Asaja ha abogado por que se cobre solamente por la potencia que se usa, lo que supondría "una reducción considerable de costes para los regantes, que de otro modo se están viendo presionados a abandonar su actividad".
Asimismo, ha explicado que la otra peculiaridad del sector agrario está relacionada con el acceso a la energía, "dado que en mitad del campo es imposible hablar de liberalización, puesto que el agricultor no puede elegir libremente la compañía que desea que le suministre, en muchas zonas trabaja una sola compañía, por lo que se produce una situación de monopolio de hecho, y en el mejor de los casos contará con tan sólo dos ofertas sospechosamente similares, por lo que no existe tampoco un libre mercado de la distribución".
Ha apuntado en ese sentido que Asaja "lleva meses denunciando esto al Gobierno" y ha anunciado que ahora va a ponerlo también en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia para instarle a que "elimine las trabas al libre mercado y en el caso de que no sea posible, exigiremos al Gobierno a que, atendiendo a las peculiaridades del sector agrario, apruebe un real decreto que contemple excepciones para el sector agrario, tal y como le permite la normativa europea".
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