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Dudas sobre la duración del estado de alarma

Dudas sobre la duración del estado de alarma

   El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aclaró este jueves que un total de 290 controladores había cumplido ya su jornada laboral de 1.670 horas. Esto significa, señaló, que "durante el mes de diciembre podían dejar de ir a su puesto"... El propio Zapatero no quiso desvelar, sin embargo, si el Gobierno está dispuesto a prorrogar el estado de alarma decretado el pasado sábado día 4 para atajar el caos en los aeropuertos. "No vamos a estar en estado de alarma ni un día más ni un día menos de los que necesite el país", dijo. Tampoco el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiso despejar la incógnita, tras el Consejo de Ministros. En principio, el estado de alarma, que militariza a los controladores civiles y los pone bajo jurisdicción de los tribunales castrenses, expira el próximo día 19 y, si el Gobierno quiere prorrogarlo, deberá obtener el apoyo del Congreso, a diferencia de lo sucedido con la declaración inicial.

   Fuentes gubernamentales sostienen, sin embargo, que el Ejecutivo podría haber decidido no prolongar la vigencia del estado de alarma por lo que, salvo que se produzca algún imprevisto, esta situación excepcional se dará por concluida dentro de ocho días. Pero no hay seguridad plena de que así vaya a suceder. Y en todo caso, eso no significaría una vuelta completa a la normalidad pues, según las mismas fuentes, el plan del Gobierno es mantener la militarización del espacio aéreo -es decir, la cesión del control de la circulación aérea por parte del ente público AENA al Ministerio de Defensa- como forma de garantizar la plena normalidad en los aeropuertos durante las inminentes fiestas navideñas. Eso significa que el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el general José Jiménez, seguirá teniendo en su mano la organización, planificación, supervisión y control de los controladores civiles, que estarán bajo su mando, pero ya no podrá aplicarles el Código Penal Militar ni la ley disciplinaria castrense. Según parece, resultaría problemático prorrogar la vigencia del estado de alarma, previsto para situaciones excepcionales, dos semanas después de que se recuperase la normalidad en los aeropuertos, el mismo día 4. Además, las sanciones previstas en el Código Penal Militar no son necesariamente más duras que las de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea. El primero castiga el delito de sedición con entre uno y 10 años de cárcel, mientras que la segunda prevé de dos a ocho años.

   Todas las diligencias abiertas por la fiscalía, que podrían afectar hasta a 440 controladores que se ausentaron de sus puestos, lo son en aplicación de la Ley de Navegación Aérea, pues la práctica totalidad acudió a trabajar tras la declaración del estado de alarma. La principal diferencia radica en que el código disciplinario castrense permite arrestar a quienes desobedezcan, pero las fuentes consultadas estiman que los controladores están más preocupados por las indemnizaciones a las que eventualmente deberán hacer frente.

El Gobierno ha enviado en estas últimas horas una especie de "recado a los controladores": el Gobierno sigue extremadamente vigilante y no tolerará que los absentistas sigan defendiendo sus privilegios, "minimizando" el plante masivo que orquestaron hace una semana en todo el país. Si aún no son "conscientes" de la "gravísima irresponsabilidad" cometida, el Ejecutivo actuará. Fue el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se encargó de enviar este viernes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ese mensaje a los técnicos aéreos. 

   La advertencia pareció a algunos un reconocimiento implícito de que la Moncloa solicitará esta próxima semana al Congreso la prolongación del estado de alarma como dique de contención frente a un nuevo motín en vacaciones. "Si el Gobierno cree que es necesario que se prorrogue, lo hará", aseguró el número dos, para garantizar "la normalidad en los aeropuertos y que la gente pueda viajar" en Navidad. Fuentes gubernamentales aclararon después que, "es muy posible" que se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para requerir el permiso de la Cámara Baja, en cuyo caso se celebraría el martes o miércoles. El proceso de convalidación debería concluirse antes del 19 de diciembre, cuando expiran los 15 días de vigencia del decreto del estado de alarma. La Moncloa calcula que el pleno podría ser, como máximo, el jueves, puesto que José Luis Rodríguez Zapatero viaja esa tarde a Bruselas, al Consejo Europeo, y sería él mismo quien defendería la medida. A Rubalcaba correspondió dirigir el duro aviso a los controladores. "Me causa perplejidad ver cómo con mentiras y medias mentiras" los controladores "defienden aquí y allá sus privilegios", rebajando la importancia de los hechos y "exigiendo una suerte de reparto de responsabilidades". El Ejecutivo, añadió, tiene la "sensación" de que los técnicos "igual no son conscientes" de su desobediencia, que no "huelga salvaje". Y advirtió: "Los ciudadanos y el Gobierno tomamos nota de este desparpajo notable y de su falta de responsabilidad". Rubalcaba recordó que los "únicos" culpables del caos son los técnicos.

   Según la lectura de la Moncloa, no generó la crisis el Ejecutivo con el real decreto ley que aclaraba cómo han de computarse las horas de trabajo, sino que los controladores "provocaron" la situación al parar días antes en el aeropuerto de Santiago. El vicepresidente subrayó que esa actitud tendrá castigo. Están abiertas tres vías: la laboral los casi 500 expedientes que ha incoado Aena, la de la Fiscalía General del Estado y las demandas penales y civiles en los juzgados. "Estas cosas no van a acabar en nada. No puede ser", sentenció. "El peso de la ley va a caer sobre los que cometieron esa gravísima irresponsabilidad y que ahora se pasean como si nada hubiera pasado".

   A su vez, l os fiscales conservadores han cargado contra Conde-Pumpido. La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales criticó la posición que la Fiscalía del Estado ha mantenido, y tachó de "injerencia intolerable" la indicación que el Gobierno hizo al fiscal del derecho a aplicar. La normativa anunciada por Cándido Conde-Pumpido será la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, de 1964, que prevé hasta ocho años de cárcel por sedición.  Para esta asociación, el fiscal general no "puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno", ya que se debe a la imparcialidad y legalidad.

   A través de un comunicado, la asociación mayoritaria y conservadora de la carrera fiscal advirtió que la asistencia del fiscal general al consejo de ministros del sábado pasado fue "innecesaria", ya que el ministerio público no puede actuar como un "órgano consultivo" del Ejecutivo. Según la asociación, "la mera indicación" al ministerio público del derecho a aplicar en el caso de los controladores que abandonaron el pasado 3 de diciembre sus puestos de trabajo, es inadmisible. Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia de Madrid continúa con la investigación. Los seis huelguistas citados el viernes se acogieron a su derecho de no declarar, al igual que sus compañeros el jueves, al considerar que la jurisdicción competente es la militar, "dada la militarización y el estado de alarma" que decretó el Gobierno.
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