El Estado pidió una pena de cinco años de prisión para el ex presidente por considerarle coautor de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995
El pedido fue realizado por Carlos Lobos Oroño, abogado de la Aduana, que representa al Estado, al concluir cuatro jornadas de alegato en el juicio oral que se lleva a cabo contra 18 personas por la venta ilegal de armamento a dos países con los que por entonces estaba prohibido comercializar armas.
Lobos Oroño, además, pidió cinco años de cárcel para el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y para el sindicado traficante de armas Diego Palleros, y cuatro años para Emir Yoma, ex cuñado de Menem; Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea, y Enrique de la Torre, un antiguo funcionario de la Cancillería.
La Aduana sólo estaba en condiciones de acusar a seis de los 18 imputados debido a que sólo por ellos requirió la elevación a juicio oral durante la instrucción de la causa.
El debate en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de Buenos Aires continuará el próximo martes, cuando alegarán los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera.
Posteriormente será el turno de los alegatos de cada una de las defensas, por lo que el veredicto podría conocerse en marzo de 2011, según indicaron las fuentes.
En este proceso oral y público, iniciado en octubre de 2008, se juzga la venta ilegal entre 1991 y 1995 de 6.500 toneladas de armamentos a Croacia y Ecuador.
Las exportaciones se realizaron bajo el amparo de dos decretos presidenciales que mencionaban a Venezuela y Panamá como destino del armamento.
Por esta causa, Menem (1989-1999) estuvo seis meses detenido en 2001, acusado de ser el jefe de una "asociación ilícita" dedicada al tráfico ilegal de armas, pero fue liberado a raíz de un fallo de la Corte Suprema, por entonces afín a su Gobierno.
En diciembre pasado, el máximo tribunal del país rechazó una petición de los abogados del ex jefe del Estado y ordenó que debía continuar el juicio.
Menem, de 79 años, no asistió a ninguna audiencia y, cuando tuvo que oír la acusación en su contra, consiguió una autorización para hacerlo a través de una videoconferencia desde la norteña provincia de La Rioja, su tierra natal.
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