La decisión está tomada hasta sus últimas consecuencias y los controladores no ganarán el pulso que han echado no al Gobierno, sino al mismo Estado para la defensa de unos “privilegios intolerables”, según el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha comparecido en La Moncloa para informar del resultado del Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha aprobado un decreto declarando el Estado de Alarma, según lo previsto en el Artículo 116 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.
El Consejo se reunió a las 9.00 horas en Moncloa, y al mismo asistieron, a petición del presidente Zapatero, el fiscal general y el abogado del Estado, para asesorar sobre los aspectos jurídicos de la aplicación de esta facultad, primera vez que se realiza en España desde 1975. Al, término de la reunión, Zapatero ha mantenido una entrevista telefónica con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, mientras el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, hacía lo propio con los portavoces de los Grupos Parlamentarios. Según se establece en la Constitución y en la Ley Orgánica que la desarrolla, el Congreso debe ser inmediatamente informado de la medida, mientras el Rey Juan Carlos I procede a la firma del Real Decreto desde Mar de Plata, donde se encuentra asistiendo a la XX Cumbre Iberoamericana.
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Tras las explicaciones de Rubalcaba, la situación se ha clarificado notablemente. “Es evidente que no se ha producido esa normalización” que el Gobierno pedía a las dos de la mañana de este sábado, y de acuerdo con lo previsto y anunciado por el Gobierno, “el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora por el que se declara el estado de alarma, de acuerdo con nuestra Constitución”. Esto significa que los controladores aéreos pasan a estar “movilizados” y esta movilización supone que en caso de no asistir al trabajo, o no cumplir las órdenes del mando militar, “estarían incurriendo en un caso de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar”, que conlleva penas de cárcel.
Las autoridades militares comunicarán a los controladores aéreos y uno por uno su nueva situación, informándoles de sus responsabilidades penales. “Van a recibir una comunicación personal”, dijo Rubalcaba, que anunció la inmediata comunicación al Congreso de los Diputados de la medida, que se adopta por un plazo de 15 días, ya que su prórroga supondría un trámite distinto.
Inmediatamente después del Consejo de Ministros se ha constituido la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de crisis, que preside el presidente del Gobierno, a la que asisten diversos ministros -especialmente Fomento y Defensa- y que se mantendrá reunida de forma indefinida.
Los controladores incurrirán en delito de desobediencia incluso si “el controlador aparece en la torre pero no quiere trabajar”. Ese delito comporta prisión. Una medida muy bien recibida por el conjunto de la ciudadanía, cuando los afectados por su “huelga salvaje” –así lo ha dicho Rubalcaba- supera las 300.000 personas, algunas con un dramatismo especial. AENA ha declarado el espacio aéreo cerrado hasta mañana domingo, pero el plazo se podría acortar si se normalizara la situación, aunque “la normalización definitiva no va a ser fácil” por la cantidad de vuelos suprimidos.
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Una huelga corporativa, pero ¿también política?
Rubalcaba puso mucho énfasis en “reiterar las disculpas que el Gobierno pide a los ciudadanos” en un momentos especialmente importante, como es un puente vacacional, y a “alguno de ellos se les ha hecho un daño personal imposible de justificar”.
El vicepresidente ha revelado algunos aspectos inéditos que explican el por qué de determinadas medidas. Por ejemplo, se ha sabido que en el Consejo de Ministros de ayer viernes, el titular de Fomento, José Blanco, informó de que había “incidencias” entre los controladores, y que por esa razón se incluyó en el decreto-ley de medidas económicas una previsión para que el control del espacio aéreo pasara a manos de Defensa, ante “lo más parecido a una huelga salvaje que existe”. Para Rubalcaba, no hay duda: “Estamos ante un grupo de trabajadores que se valen de su posición preeminente, de una posición bien particular, que están defendiendo unos privilegios intolerables que el gobierno no puede aceptar y vamos a aplicar las normas que el Estado tiene para impedirlo, hasta el final”.
Según el vicepresidente, nos encontramos ante “un conflicto de una corporación peculiar”, los controladores, que “están sometiendo a un chantaje al conjunto de los ciudadanos para defender unos privilegios y eso no lo vamos a consentir”. No obstante, no quiso entrar en si, además de tratarse de una huelga corporativista es también política. En todo caso, dijo que nadie creía que ese colectivo fuera “tan insensato, tan insensato como para producir un daño como el que están produciendo no al Gobierno, a los ciudadanos”. Y “en la situación actual los controladores lo único que pueden hacer es normalizar la situación de los aeropuertos españoles”.
El estado de alarma en la Constitución
Se trata del artículo 116, que dice:
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
El desarrollo de ese artículo de la Constitución se halla en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y más concretamente en su Capítulo II, artículos 4 a 12, inclusives.
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