En la cena de inauguración de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, el rey Don
Juan Carlos enfatizó en su intervención que en la actual situación de Iberoamérica “en alza” con el logro notable de seguir creciendo y creando riqueza pese a las crisis y las turbulencias, “la educación será cada vez más decisiva para mantener, consolidar y, sobre todo, ampliar el crecimiento y extender sus beneficios a todos los ciudadanos”. El monarca glosó el tema central de la cumbre que se dedica a la educación para la inclusión social que representa: “el único instrumento eficaz para garantizar a los ciudadanos -sobre todo a los menos favorecidos- una verdadera igualdad de oportunidades y una plena integración social”. Ante los asistentes a la cumbre, Don Juan Carlos reclamó el deber de aprovechar la fuerza de una acción colectiva, también en el terreno de la educación, para reforzar el peso iberoamericano a escala internacional y subrayó los beneficios de la iniciativa: “mejorar la educación es apostar por el futuro… y reforzar la capacidad de nuestras sociedades para afrontar dificultades y superar crisis”.
Los jefes de Estado y de Gobierno van a aprobar en esta cumbre el proyecto Metas 2021 que prevé aglutinar un presupuesto de 78.000 millones de euros en 11 años para la mejora sustancial de la educación como factor de inclusión social y desarrollo de las generaciones de los bicentenarios. La iniciativa que ha llevado dos años de trabajo, a cargo de un equipo dirigido por el español
Álvaro Marchesi prevé la creación de un fondo de solidaridad de 3.000 millones de euros para las zonas menos favorecidas de Iberoamérica y que contará con aportaciones privadas. Las perspectivas se ven refrendadas por el compromiso político de no quedarse en las líneas declarativas y orientativas del proyecto y demostrar la voluntad política de llevarlo a la práctica sea cual sea el color del gobierno que esté en el poder en cada país.
En cuanto a la cláusula democrática, la presidencia argentina ha logrado sacar adelante una iniciativa que pretende mayores garantías de defensa para la democracia, amenazada, por ejemplo, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador en una revuelta policial en reivindicación de algunos privilegios que acabó en un intento frustrado de golpe de estado contra el presidente
Rafael Correa. La cláusula recoge dos acciones concretas para preservar la democracia en dos situaciones diferentes. Primero, si algún gobierno se siente amenazado por algún movimiento sospechoso puede reclamar la actuación de la Comunidad Iberoamericana que lanzará un mensaje disuasorio con las consecuencias de aislamiento y marginación que conlleva realizar intentonas contra la legalidad democrática. Segundo, si se ha registrado el golpe de estado, la Comunidad Iberoamericana se compromete a echar de las instituciones a ese país, y aplicarle medidas de aislamiento en todos los sectores.
Fuentes diplomáticas españolas calificaron de gran avance esta iniciativa de cláusula democrática que amplía y regula el principio que se venía defendiendo de defender la democracia, ahora se le proporcionan instrumentos concretos para clarificar situaciones como la de Honduras que ha provocado una fuerte división entre los países que no reconocen al nuevo gobierno a pesar de ser elegido en elecciones libres y los que consideran que es fruto de un golpe de estado, aunque después haya pasado por las urnas.
Según estas fuentes, no existe riesgo de que esta iniciativa pueda ser una tentación de reabrir el caso cubano y las reclamaciones habituales sobre la necesidad de alcanzar la libertad y la democracia en la isla caribeña.
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