Jaime se negó a declarar ante el juez

Jaime se limitó a acudir al despacho del juez federal Norberto Oyarbide acompañado por su abogado, Andrés Marutian, quien presentó el escrito de descargo e informó de su contenido a los periodistas.
El abogado dijo que Jaime negó que empresas ligadas al concesionario de la terminal de autobuses de Buenos Aires hayan pagado el alquiler del lujoso apartamento en el que vivía, entre otros cargos que le imputa Oyarbide.

"Presentamos una serie de explicaciones de todo aquello que se le imputa. Creo que hay suficientes argumentos para dejar claro el asunto", agregó.
Marutian reiteró que Jaime "no tiene nada que ver" con presuntas presiones a empresas españolas para que aporten fondos a la campaña electoral del Gobierno argentino, asunto que investiga la Justicia con base en correos electrónicos encontrados en computadores incautados a Manuel Vázquez, antiguo asesor del ex funcionario.

Tales correos, publicados por la prensa de Buenos Aires en estos días, también abren sospechas del presunto pago de sobornos en millonarios contratos firmados con España, Portugal y China para la provisión de equipos ferroviarios y para el metro de Buenos Aires.

Vázquez "no era secretario, era un asesor ad honorem de la Secretaría de Transporte. En los mails no aparece nunca Jaime. Evidentemente hay que manejarse con las personas que remitían los mails y aquellos que los recibían", apuntó el letrado.

Ricardo Jaime, quien fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009, es investigado por otros tres jueces federales que instruyen causas por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos, entre otros cargos.

Los cuatro jueces tienen en su poder la documentación encontrada en computadores incautados al ex asesor de Jaime, a quien en los presuntos ilícitos se vincula con el español Miguel Ángel Lorente, propietario de una consultora y señalado como vínculo con el sector financiero y empresarial de su país.

Los correos en cuestión aluden veladamente a la necesidad de "recaudar" fondos entre empresas españolas para ayudar a la campaña del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) en las elecciones parlamentarias de 2005 y las presidenciales de 2007, que ganó Cristina Fernández, esposa y sucesora del ex mandatario fallecido el 27 de octubre pasado.

También abren sospechas de pago de "comisiones" en las compras de material ferroviario, según fuentes judiciales citadas por la prensa.