Otoño: Crisis y desconfianza

Culmina el curso político con el debate sobre el estado de la Nación en un clima repleto de incógnitas, malos presagios económicos y una crisis política tras el varapalo propinado por el Tribunal Constitucional al Estatut de Catalunya. Mientras tanto, los medios de comunicación se obstinan, una vez más, en convertir lo ocurrido en el Congreso de los Diputados en una especulación  acerca del vencedor en el torneo bipartidista entre Zapatero y Rajoy. Tal y como están las cosas, lo menos relevante para los españoles es concluir acerca de la brillantez o perspicacia de los líderes de las dos grandes formaciones políticas presentes. Nada resuelven sus disputas, excepto confirmar la lejanía de la política oficial respecto de las preocupaciones diarias de la calle.

Si separamos la hojarasca que no debe ocultar el fondo de la cuestión, lo cierto es que se presenta ante nosotros un otoño extraordinariamente difícil. Especialmente para los cientos de miles de trabajadores que han perdido su empleo, para los autónomos y pequeños empresarios que seguirán sin disponer del imprescindible apoyo bancario, y, en general, para los sectores más desprotegidos de la sociedad que pagarán el resultado de la crisis financiera desencadenada por los insaciables mercados que saldrán fortalecidos de la hecatombe que estamos viviendo. Tienen razón los sindicatos en su convocatoria de huelga general el 29 de septiembre para llamar la atención sobre la injusticia de la ley del embudo por la todos hemos de pasar. Los causantes de la crisis siguen a lo suyo, mientras los demás intentamos defendernos, llegar a fin de mes y pagar nuestras hipotecas.

Ya sabemos que se cumplirán los cuatro años de Legislatura, que se votarán favorablemente los Presupuestos para 2011, se adoptarán nuevas medidas de ajuste para reducir el déficit impuesto por la muy conservadora Ángela Merkel y su Banco Central Europeo en un plazo imposible, y que, como consecuencia de todo ello, se aleja la posible recuperación de la actividad económica en toda la euro zona. La impotencia de las instituciones políticas para hacer frente a la situación se resume en la frase atribuida a Rodríguez Zapatero al reconocer que “hemos intentado reformar a los mercados y son los mercados los que nos reforman a nosotros”. El sueño europeo se desvanece al tiempo que muestra su incapacidad. Juan Tugores, catedrático de la Universidad de Barcelona, hacía recientemente una referencia a la esencia de la crisis o “fallas” sistémicas  que amenazan a la economía mundial, citando diferentes libros publicados en las últimas semanas por ex responsables del Fondo Monetario Internacional. Llaman la atención sobre los límites de un sistema económico que pretendió ocultar las crecientes desigualdades en la distribución de la renta y que promovió un modelo de crecimiento propiciando una bonanza económica transitoria basada en tipos de interés artificialmente bajos y que pretendió “camuflar” esas desigualdades con un endeudamiento que parecía no tener límites y que ahora sabemos como terminaron.

 Así se pronunciaba el profesor Rajan, y lo corroboraba Simon Johnson, economista jefe del FMI entre 2007 y 2008, que relata como actuaban las amistades peligrosas entre las cúpulas de las entidades de Wall Street, la alta política nacional y las decisiones de los organismos internacionales, a fin de modificar normas, eliminar restricciones, suavizar supervisiones y presentar la eficiencia de los mercados financieros como un dogma cuya discrepancia era penalizada con la “muerte académica y civil”. El colapso financiero se mantiene ante el fracaso del G-20 en sus propuestas reformistas que pretendían poner coto a la desregulación propiciada y permitida por los presidentes Clinton y Bush. La incapacidad  mostrada en el G-20 de Toronto para avanzar en la aprobación de eficaces reglas globales provocó la insuficiencia cardiaca que conocimos en el mes de mayo.

El último regalo que pretende calmar la voracidad de nuestro sistema se dibuja el la LORCA, ley que reforma las cajas de ahorro, que desprende un intenso aroma privatizador y de bancarización (horrible término), tras limpiarlo de polvo y paja con cargo a los fondos públicos por una cantidad no inferior a los 120.000 millones de euros.

Para que no falte de nada, el otoño nos traerá un complejo debate político sobre el futuro del Estatut de Catalunya y sobre el sistema autonómico. Se reconozca o no, la filosofía que se desprende de la sentencia del T.C. se ha convertido en una fuente de problemas para el futuro. La crisis política está servida. Aunque resulte ajustado al las previsiones legales, nadie comprende que un texto refrendado por los ciudadanos de Catalunya, pueda ser rechazado e interpretado de forma restrictiva por un Tribunal aquejado por mil problemas de legitimidad, que no de legalidad. Podemos explicar que la supresión del peligroso recurso previo de constitucionalidad de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ha posibilitado esta confrontación de legitimidades.

 Pero no nos comprenderán. La Constitución y su Título VIII, sometido a mil críticas por el nacionalismo español desde su aprobación en 1978, es voluntariamente abierto, algunos lo califican de confuso, al comprender que la solución del eterno problema territorial de España, requería la renovación constante y permanente de los pactos políticos para diseñar su desarrollo. Es decir, el Título VIII, si lo repasamos con atención, no contiene un modelo de Estado cerrado y final, sino un procedimiento de acceso al autogobierno dejando a los futuros responsables políticos la tarea de mantener vivo el diálogo y la búsqueda de soluciones para superar los nuevos problemas. En definitiva, el TC ha hecho el trabajo contrario al de la ponencia constitucional que elaboró el texto de 1978. Allí donde la Constitución abre posibilidades de autogobierno, el TC las cierra. El problema creado no es menor.

Lo grave es que el T.C. ha sustituido a los responsables políticos, e, inspirado en criterios ideológicos y políticos que no le corresponde, dicta una sentencia restrictiva.  Es imprescindible un esfuerzo de diálogo para que la sentencia no provoque un bloqueo suicida del proceso democrático español. Ese es el reto.