El Consejo de Gobierno aprobó el decreto regulador de las subvenciones de la Junta de Andalucía, norma que agiliza y simplifica la concesión de estas ayudas a través de la reducción de trámites, plazos y documentación requerida en las solicitudes. El texto, que sustituye al vigente desde 2001 y unifica toda la normativa autonómica sobre la materia, también establece medidas para impulsar la tramitación electrónica de estos procedimientos, que suponen más del 27% de los que realiza la administración andaluza, y para incrementar la seguridad jurídica y la transparencia administrativa.
Como novedad, el decreto abre la posibilidad de presentar a través de internet las solicitudes para todas las subvenciones (actualmente, esto es posible en el 64,5% de las mismas). De este modo, el ciudadano podrá además obtener información en tiempo real del estado de sus trámites, según la información que ofreció la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
Asimismo, se elimina de forma generalizada la presentación de documentos (las ayudas no telematizadas requieren ahora una media de seis) y se promueve su sustitución por declaraciones responsables. Todo ello supondrá un ahorro de más de 3,8 millones de documentos al año.
Las medidas de agilización previstas se concretarán en órdenes para las distintas líneas de subvenciones de las consejerías, que serán elaboradas a partir de las bases reguladoras que el propio decreto incluye.
Por otra parte, en la baremación de las solicitudes, la nueva norma establece con carácter obligatorio la valoración de la igualdad entre hombres y mujeres, el grado de compromiso medioambiental, la creación de empleo estable, la seguridad laboral y la atención a la discapacidad. Estos dos últimos criterios se incorporan por primera vez a la normativa, mientras que los otros tres ya se recogían en las nuevas leyes de Hacienda e Igualdad aunque no en el desarrollo reglamentario.
En relación con el objetivo de la simplificación, la consejera expuso que se produce también un cambio de gran importancia en lo que respecta a la relación de la administración con los ciudadanos, que se asienta en el grado de madurez que ha adquirido la sociedad. Así, se cambia el requisito para acceder una ayuda, que va pivotar fundamentalmente en lo que es una declaración responsable, lo que supone una "auténtica revolución en la actividad administrativa".
Antes del decreto, según la consejera, se requería una media de seis documentos para solicitar una ayuda, si bien ahora se reducen a dos, que son, fundamentalmente, el que se refiere a los datos de identificación del solicitante y declaración responsable de que cumple con los requisitos, y la documentación necesaria para que el órgano pueda resolver la subvención que se otorga. Solo los que resulten adjudicatarios de la ayuda deberán presentar el resto de la documentación acreditativa de que cumplen los requisitos para su otorgamiento.
Según el número de documentos que se reduce, la Junta ha estimado que lo que se ahorran todos aquellos que se relacionan con la administración es de alrededor de 60 millones, toda vez que hay un estudio de la Consejería de Presidencia que establecía en unos 75 euros el coste de la tramitación por subvención. "Se reduce una importante carga para los ciudadanos, en tiempo y en dinero", sentenció Martínez Aguayo.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno forma parte del plan de agilización y simplificación de procedimientos administrativos que la Junta de Andalucía viene desarrollando desde principios de 2009. Este plan orienta la mitad de sus iniciativas a facilitar el desarrollo de la actividad empresarial, con medidas destacadas como la reducción a un día del proceso para constituir una sociedad mercantil. Asimismo, presta especial atención a aquellos trámites que afectan directamente a las necesidades básicas de los ciudadanos, como los relativos a vivienda protegida, alquiler y rehabilitación.
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