La Junta de Andalucía ha expresado su rechazo a la proposición de Ley relativa a la consideración de autoridad pública del profesorado presentada por el Grupo Popular en el Parlamento por considerar que la incorporación de dicho reconocimiento a efectos penales "excede de las competencias de la comunidad autónoma".
En un acuerdo aprobado el pasado 31 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo de Gobierno manifiesta su "criterio contrario" a la toma en consideración de la proposición de Ley porque, aunque comparte la necesidad de "mejorar la consideración social del profesorado andaluz y su protección", entiende que debe "tenerse en cuenta que el artículo 24 del Código Penal contiene una clara, expresa y terminante definición de lo que ha de entenderse por autoridad y por funcionario público a efectos penales".
En este sentido, el Ejecutivo andaluz pone de manifiesto que, "aun cuando una persona se halle investida de la condición de autoridad, a otros efectos, por venir así dispuesto en normas pertenecientes a una de las diferentes disciplinas de las que integran el ordenamiento jurídico, no puede atribuírsele tal condición, a efectos penales, si no la tiene conforme a lo dispuesto en el citado artículo, que, como todo precepto de naturaleza penal, no puede ser objeto de interpretación extensiva ni analógica".
EL CÓDIGO PENAL, COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO
En consecuencia, la Junta entiende que "del artículo 24 del Código Penal no resulta la condición de autoridad pública del personal docente" y recuerda que "en todo caso la competencia exclusiva en materia penal corresponde al Estado" según el artículo 149.1.6 de la Constitución, por lo que concluye que "cualquier modificación de la definición contenida en ese precepto excedería de la competencia de la comunidad autónoma".
En cualquier caso, el Gobierno andaluz subraya la necesidad de "introducir en los centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos para que no se traduzcan en un deterioro del clima escolar" y recuerda que la Ley de Educación de Andalucía incluye en su artículo 23 "medidas dirigidas a mejorar la consideración social del profesorado andaluz y su protección".
Además la Junta destaca que los decretos por los que se aprobarán los reglamentos orgánicos de los centros docentes incluyen, entre otras medidas, el "reconocimiento de la autoridad magistral y académica" del profesorado, la "calificación ante la Fiscalía como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas" y la "asistencia psicológica y jurídica gratuita por hechos que deriven de su ejercicio profesional".
PROPUESTA DEL PP-A
La proposición de Ley del PP-A plantea reconocer a los profesores la condición de autoridad pública "en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, estando facultados para recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación".
Junto a ello, los populares defienden que "la declaración o manifestación en acta de los profesores en cuanto a los hechos observados directamente por los mismos gozará de presunción de veracidad, siempre que se formalicen por escrito en un documento con los requisitos establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de las pruebas en contrario".
Por último, el Grupo Popular propone que "la Administración educativa, respecto a los profesores de los centros escolares públicos, adoptará las medidas oportunas para garantizar su adecuada protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de su responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar".
Si (
No(
