En un comunicado emitido por el referido organismo, se rechaza categóricamente los recientes pronunciamientos de la CIDH, en torno a los procesos judiciales iniciados contra ciudadanos venezolanos incursos en presuntos delitos.
El comunicado de la defensoría considera que este tema ha sido abordado por la CIDH con ligereza, toda vez que no se requirió información oficial al Estado respecto a tales casos.
Agrega que similar situación ocurrió en el año 2002 cuando la CIDH reconoció y apoyó a los representantes del gobierno golpista que hizo cesar en el país la vigencia de todos los derechos humanos.
'Incluso, los derechos a la vida, integridad física y libertad de expresión', añade el texto.
Para la Defensoría del Pueblo, los más recientes comunicados de la CIDH constituyen una nueva e irrefutable evidencia del distanciamiento de esta instancia de los principios que deben regir su funcionamiento como órgano internacional de protección de los derechos humanos.
Al respecto, explica el comunicado, que conforme a la Declaración y Programa de Acción de Viena y múltiples Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los órganos internacionales de protección de derechos humanos deben cumplir estrictamente con los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad en el manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Resalta la Defensoría que con pronunciamientos como estos la CIDH se aparta de la doctrina internacional en materia de derechos humanos.
Recuerda también que conforme al artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
El organismo defensorial señala en su comunicado que con la citada campaña, se busca alentar a sectores extremistas de la oposición venezolana para violentar el Estado de Derecho, bajo el falso argumento del cese de la democracia en Venezuela.
Al respecto, recuerda que la historia reciente de Venezuela recoge cómo, desde los medios de comunicación, actores políticos irresponsables llamaron a la paralización de la industria petrolera nacional, conminaron a la violencia y convocaron con sus propios recursos una movilización multitudinaria que desembocó en un Golpe de Estado; sin que ninguna instancia internacional haya reaccionado para proteger los derechos fundamentales de la población.
Finalmente subraya el texto que los dueños de esos medios de comunicación continúan administrando medios impresos y audiovisuales, sin que pese procedimiento alguno por su responsabilidad en tales hechos.
“Circunstancia que nos remite a una reflexión necesaria sobre la impunidad vinculada con el incumplimiento de los linderos que debe preservar la libertad de expresión en cualquier democracia vigorosa”, puntualiza el comunicado.
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