La situación económica sigue pintando mal en España, de modo que, además de arreglar las cuentas públicas e ir sentando las bases de un modelo económico alternativo a la construcción, se mantienen en la agenda la reforma laboral y el asunto de las pensiones. Casi nada. Y máxime en un país cuyo déficit conjunto de las administraciones públicas (Estado, autonomías y ayuntamientos) llegó el año pasado al 11,4% del PIB, porcentaje insostenible cuando la UE fija un máximo del 3%, tope que a decir verdad también rebasan la mayoría de los socios europeos.
Los protagonistas de las reformas deben ser, lógicamente, el Gobierno y los agentes sociales --ojalá que también la Oposición--, pero a la hora de la verdad se está abriendo paso, como referente de unos y de otros, el llamado grupo de los 100 economistas, uno de de cuyos abanderados es Guillermo de la Dehesa, ex secretario de Economía con Felipe González y ahora presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR), de Londres, así como consejero del Banco Santander. Este grupo ya se hizo muy visible en la primavera del año pasado cuando anticipó el debate sobre los contratos de trabajo y ahora está tratando de hacer lo mismo con las pensiones.
Vayamos por partes. El llamado grupo de los 100 economistas, compuesto en su mayoría por catedráticos universitarios, propone que las nuevas contrataciones se hagan con un contrato de trabajo único cuya indemnización por despido sea creciente en función de la antigüedad, partiendo por ejemplo de 12 días de indemnización hasta alcanzar un tope de 35 días; es decir, 10 menos que ahora, en el caso de los contratos fijos. Sostienen que de ese modo habría más contrataciones, ya que un empresario no dudaría tanto antes de decidir convertir en fijo (45 días de indemnización) a un temporal (8 días). Entre los avalistas de estas ideas estuvo el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa.
Una vez introducido su criterio laboral en la agenda política, el mismo grupo dedicará los próximos días a divulgar sus ideas sobre las pensiones, con un punto de partida que comprende ampliar la vida laboral y cambiar el período de cómputo de los últimos 15 años para calcular la pensión. Detrás de estos economistas está Fedea, una fundación ligada al Banco de España y a grandes empresas cotizadas en Bolsa. Campa no ha firmado el último documento, pero seguramente lo haría encantado de no estar en el Gobierno de Zapatero. Es lo que hay, para que nadie se llame a engaño, aunque no por ello deje de sorprender que en situaciones como la presente no afloren también nuevas caras y nuevas ideas en el liderazgo social, empresarial y político. En definitiva, somo sostiene Salvador Milà, solo desde un diálogo renovado en los protagonistas y en las propuestas podrá recuperarse la credibilidad imprescindible para abordar reformas necesarias, que nadie discute, pero ante las que caben diferentes opciones.
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