La Comisión Bicameral Especial del Congreso de la Nación, que fue consultado por el Poder Ejecutivo acerca de la remoción de Martín Redrado como titular del Banco Central, remitió esta noche su consejo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según fuentes parlamentarias, la Comisión aconsejó la remoción e Martín Redrado por dos votos contra uno.
El vicepresidente Julio Cobos habría votado a favor de la remoción pero efectuando "críticas a la política monetaria del gobierno", mientras que el diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay habría votado contra la destitución y el oficialista Gustavo Marconato por la remoción, de acuerdo a las fuentes.
Fuentes oficiales señalaron esta noche en Casa de Gobierno que "la Presidenta ya recibió el dictamen de la Comisión".
El documento, que tiene carácter de reservado, lleva la firma y las opiniones de los diputados Gustavo Marconato (FPV-Santa Fe) y Alfonso Prat Gay (CC-Capital), y del presidente del Senado, Julio Cobos, según informaron fuentes parlamentarias.
La información de que el consejo de la Bicameral había partido hacia la Casa Rosada fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa que indica que el documento partió a las 20.45 hacia Balcarce 50.
"El consejo ya fue remitido a la señora presidenta de la Nación como única destinataria del mismo", expresa el escueto comunicado.
La opinión del cuerpo fue llevada en sobre lacrado por un empleado de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Senadores, Juan Estrada, a la Casa de Gobierno para que sea conocida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica del Banco Central, "la remoción de los miembros del directorio (de la entidad) será decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación".
Además, el reglamento de la Comisión Bicameral establece que "las actuaciones tendrán el carácter de reservado", así como las opiniones fundadas que se concluyan.
La Presidenta impulsó la remoción de Redrado mediante el DNU 18/2010 que firmó el 8 de enero último, al considerar que el economista incumplió con sus deberes de funcionario público al negarse a liberar 6500 millones de dólares del Banco Central para conformar el Fondo del Bicentenario.
Pese a ello, la presidenta luego pidió la convocatoria de la Comisión Bicameral que inició sus deliberaciones el martes 26 de enero.
Durante las cinco jornadas en las que la Bicameral mantuvo reuniones, en estricta reserva de su contenido, brindaron su informe el desplazado Redrado, el ministro de Economía, Amado Boudou; el vicepresidente del Central, Miguel Pesce; y el ex procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.
También lo hicieron algunos funcionarios del Banco Central, como el síndico de la entidad, Hugo Alvarez; el director de Asuntos Legales, Marcos Moiseff; y la gerente de Estudios y Dictámenes Jurídicos, María del Carmen Urquiza.
El primero en presentar su opinión fue el oficialista Marconato, quien entregó su conclusión en la noche del pasado jueves.
En tanto, Prat Gay presentó sus conclusiones por la tarde al comenzar la última jornada de la Bicameral, mientras que Cobos hizo lo propio tras el receso de casi tres horas que se tomó la Comisión, entre las 17 y las 20.
Tras la emisión del dictamen, Redrado dijo en un comunicado que la comisión "está movida por cuestiones políticas y no por un verdadero interés por llegar a la verdad" y que sus miembros "no se abocaron a hacer un análisis responsable del uso de las reservas".
Redrado sostuvo que el consejo es "nulo", que no pudo defenderse adecuadamente y que la revisión de su gestión le compete al Congreso y no a la comisión bicameral.
Consideró, además, que Cobos "le ha dado la espalda a la gente y ha participado del atropello institucional pergeñado por el propio Gobierno", con mero interés político, "pensando únicamente en su imagen de candidato" presidencial para los comicios de 2011 y sin importarle "la legalidad".
Fernández había destituido a Redrado el pasado 7 de enero por decreto, sin previa consulta a la comisión parlamentaria, un requisito contenido en la Carta Orgánica del Banco Central, lo que desató un serio conflicto institucional, con derivaciones judiciales.
La presidenta relevó a Redrado tras la negativa del funcionario a habilitar el uso de 6.569 millones de dólares provenientes de reservas monetarias para la constitución del denominado Fondo del Bicentenario, destinado al pago de deudas soberanas y creado por decreto presidencial a mediados de diciembre pasado.
Ante la escalada de la crisis, Fernández resolvió finalmente pedir el consejo no vinculante sobre la destitución a la comisión bicameral especial, cuyos integrantes citaron a Redrado, al ministro de Economía, Amado Boudou, y a otros funcionarios a declarar en forma reservada.
Luego de tres semanas de resistir en el sillón del Banco Central gracias a una orden judicial que lo repuso en su cargo, Redrado anunció el viernes pasado su dimisión, pero el Gobierno la rechazó alegando que estaba en marcha el proceso de destitución en consulta al Parlamento.
Desde el 8 de enero pasado la titularidad del Banco Central es ejercida provisionalmente por el vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce, quien fue denunciado penalmente por legisladores opositores por supuestos actos nulos en la conducción del banco.
Independientemente del consejo elevado por la comisión, las cámaras del Legislativo deberán debatir a partir de marzo, cuando el Congreso concluya su receso veraniego, sobre la validez del decreto de creación del polémico fondo y el de destitución de Redrado.
Ambas disposiciones fueron suspendidas por tribunales de primera instancia tras dictaminar que es potestad del Congreso tratar cuestiones relativas al Banco Central y al pago de deudas soberanas, como aduce la oposición al Gobierno.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo presentado el 28 de diciembre por la provincia de San Luis en contra del uso de reservas para el pago de deudas soberanas.
Ello tras considerar que la provincia no contaba con legitimación suficiente para interponer una acción cautelar, por lo que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto presidencial de constitución del fondo.
En los últimos días el Ejecutivo ha reafirmado su defensa del Fondo del Bicentenario, creado para dar garantías de pago a los acreedores de Argentina.
El país busca lanzar una nueva oferta de reestructuración para aquellos acreedores que no adhirieron a un millonario canje en 2005 y que poseen títulos impagos por 20.000 millones de dólares.
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