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Indagaron a la viuda de Forza

La “megacausa” de los medicamentos suma más procesamientos

La “megacausa” de los medicamentos suma más procesamientos

La "megacausa" por falso suministro, robo y adulteración de medicamentos sumó tres nuevos procesados en tanto el juez federal Norberto Oyarbide (foto) avanzó con las indagatorias a detenidos, entre ellos Solange Bellone, viuda del empresario asesinado en General Rodríguez.

La viuda de Sebastián Forza, asesinado en el que se conoce como triple crimen de General Rodríguez, ingresó esposada poco después de las 18 al despacho del magistrado en el tercer piso de los tribunales federales de Retiro, luego de ser detenida esta semana.

Por la mañana en declaraciones a la prensa, el juez adelantó que en un allanamiento a su casa se halló una agenda de importancia para la investigación e involucraría a la viuda, quien siguió operando la droguería "Seacamp", propiedad de su marido hasta su asesinato.

Paralelamente, Oyarbide procesó con prisión preventiva al oncólogo Miguel Cosme De Marco, directivo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), a quien junto a su hijo homónimo imputó por los delitos de asociación ilícita y puesta en circulación de productos dañinos para la salud.

Con igual calificación, correspondiente a los artículos 210, 201 y 204 del Código Penal, el juez procesó a Carlos Brencich, que al igual que los anteriores fue detenido el pasado 4 de noviembre en diversos allanamientos vinculad a la investigación.

En el juzgado no se descartaba la emisión de nuevas órdenes de detención contra otros imputados en la causa, algunos de los cuales plantearon exenciones de prisión que ya fueron rechazadas por el fiscal del caso, Horacio Comparatore.

Entre ellos están Roberto Loiacono, responsable del banco de drogas oncológicas del Ministerio de Salud de la Nación y su hijo Gonzalo, quienes aparecerían en escuchas telefónicas "direccionando" una licitación para adquirir los insumos de fabricación del medicamento que combate la gripe A.

Este es uno de los aspectos que investiga la megacausa y por el cual se hicieron allanamientos la semana pasada a ese organismo oficial y a droguerías privadas.

Durante la jornada, Oyarbide indagó a los detenidos el mismo día que Solange Bellone, entre ellos el ex director médico del Policlínico Bancario Jorge Fainstein, quien pidió la excarcelación, algo que aun no había sido resuelto por el juez.

El médico negó todos los cargos y remarcó que fue nombrado en enero de 2009 y dejó el cargo en octubre pasado, por decisión de la intervención del centro asistencial, según explicaron fuentes de su defensa.

Oyarbide le imputó 14 hechos, en el marco del delito de asociación ilícita y el acusado señaló que todo ocurrió antes de su ingreso al policlínico. El juez acusó a Fanstein de haber suministrado medicamentos vencidos a pacientes y el ex director derivó la responsabilidad a Paula Aballay, esposa del sindicalista bancario Juan Jose Zanola, ambos también presos en la causa.

Fanstein remarcó que los hechos ocurrieron antes de su nombramiento y que la farmacia del Policlínico dependía de la "dirección administrativa", a cargo de Aballay y no del área médica.

Además derivó a la dirección de la obra social la firma de cheques para la compra de medicamentos y aseguró que "los contratos para la provisión de insumos los realizaba la OSBA y no el policlínico".

Oyarbide también indagó al abogado Claudio Ferrari, ex gerente del Policlínico y a la ex empleada Maria Matilde Ríos, además de resolver levantar el secreto de sumario tras dos meses de hermetismo judicial en torno a la pesquisa.

Una vez que culmine las indagatorias el juez tendrá que resolver las situaciones procesales de la decena de detenidos, entre ellos el sindicalista bancario Juan José Zanola, su esposa Aballay y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo.

También tiene pendiente avanzar en la pesquisa sobre medio centenar de obras sociales, como Osplad y Camioneros, en la mira por haber comprado medicamentos a las droguerías cuestionadas para dárselos a sus afiliados o bien por supuestas irregularidades en el suministro de remedios para enfermedades graves y costosas, que se habrían fraguado para luego cobrárselos al Estado a través del APE, Administración de Programas Especiales.

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