Este martes, el presidente Zapatero presentará en el Congreso la llamada ley de economía sostenible aprobada el viernes por el Consejo de Ministros y que tanto dio que hablar al haber sido previamente 'presentada' en una fiesta del PSOE. Por desafortunada que parezca la mezcla de un mitin y una ley tan importante, tiene la ventaja de que contribuye a su divulgación; máxime al partir de un nombre tan obtuso, propio de esta época en la que se crean organismos como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ya hay que tener ganas de insultar al castellano. Pero como los manuales de marketing político, que es lo que está ahora de moda, señalan que la gente difícilmente asimila más de un gran tema por telediario, asistimos día a día a todo tipo de engendros, impropios, por otra parte, de un país con un idioma tan rico.
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mucha importancia, pensando en su contribución al cambio del modelo económico de España, algo en lo que se supone que coinciden todas las fuerzas políticas, por mucho que se demonice la ley e incluso se hable de ella con cierto tono de cachondeo. Este país no solo tiene que salir de la recesión, como tantos otros, sino que debe cambiar su modelo productivo, excesivamente anclado al turismo y la construcción. Vivimos, pues, un momento equiparable al plan del 59 o a los años de adaptación al ingreso en la CEE, en 1986, sin que se observe precisamente el ambiente político de los pactos de la Moncloa, alcanzados en la Transición.
El sentido común indica que puede discutirse el articulado de la ley, incluso su propio enfoque, pero no la oportunidad de activar un plan que cambie España, un país donde no podremos mantener en la construcción el doble de gente que los países europeos de la zona euro. Así de claro. Por tanto, si de lo que se trata ahora es de cambiar los criterios sobre ciertos incentivos al I+D+i, cada partido puede tener el suyo, pero si alguien pretende eludir un plan integrado de estímulo empresarial se ha equivocado de país. No estamos ante una ocurrencia de Zapatero, sino ante un reto de Estado, de sus empresas y sus trabajadores, que van a ser los que en definitiva cambien España y saquen el país adelante, se supone que con la implicación de las autonomías.
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No(
