El juicio contra del Olmo quedó este jueves visto para sentencia, tras concluir la segunda sesión, en la que declararon nueve testigos de la defensa, que coincidieron principalmente en que
Del Olmo no despidió al primero por "
represalias", sino por no cumplir la legalidad en materia de movilidad laboral, y en que entendían que en su calidad de presidente tenía competencias para tomar esta decisión.
En estos dos aspectos se centró el abogado defensor de Del Olmo, quien afirmó que no hubo por su parte una "persecución" a los dos denunciantes, sino que consideró que el despido era procedente con los datos de que disponía, y destacó que su actuación contó con el respaldo del Consejo de Administración del Puerto y del comité de empresa, como señalaron algunos de los testigos, por lo que solicitó su absolución al no haber cometido ninguno de los delitos.
En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal modificó los dos delitos de obstrucción a la justicia que imputaba al ex consejero por uno continuado de obstrucción a la justicia, y mantuvo la imputación de otro delito de prevaricación, además de faltas de amenazas y vejaciones. La pena de dos años y medio que solicita ahora coincide con la que reclamaba la acusación particular.
Los hechos enjuiciados ocurrieron entre los años 2006 y 2007. La denuncia fue presentada por el jefe del departamento de Administración y Finanzas del Puerto, José Manuel del Río, y un trabajador, Antonio Martínez, y se basaba en el despido del primero por declarar como testigo en un juicio de reclamación de categoría a favor del segundo, que también fue despedido, aunque después se sustituyó por suspensión de empleo y sueldo durante un mes.
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