La ley, a cuya votación asistieron representantes de los agentes sociales de la comunidad, salió adelante por unanimidad en la mayoría de los puntos, salvo en aquellos relacionados con el papel del Consejo Económico y Social (CES).
Así, los votos de los tres partidos respaldaron el grueso del articulado de la ley, salvo dos artículos y dos disposiciones adicionales en los que se regulaba la composición, funciones y retribuciones del CES, aspectos que habían centrado también las enmiendas presentadas por el Partido Popular.
En su intervención, Gorostiaga defendió la "independencia" que proporcionará a los agentes sociales la asignación de cantidades económicas a las organizaciones sindicales que contempla esta ley, que recoge que ahora serán fijos en lugar de revisables cada año.
"Lo anterior sí era un peligro a la independencia", aseveró la consejera de Empleo, quien señaló que hasta ahora esta situación podía "interferir" en cualquier negociación y poner "en peligro" la toma de decisiones al permitirse la "presión" del Gobierno que correspondiera.
La vicepresidenta añadió que, junto a esta independencia, los agentes sociales tendrán también "más compromiso", ya que con esta ley deberán responder de su acción no ante el Ejecutivo regional sino ante el Parlamento de Cantabria.
A partir de ahora, los órganos tripartitos de negociación deberán adaptarse lo antes posible a lo fijado en el texto, y el Consejo Económico y Social, de forma independiente.
La titular de Empleo enfatizó que esta ley supone cumplir una "vieja aspiración" y una "deuda" con los agentes sociales de la comunidad autónoma.
"Retroceso claro"
Sin embargo, el diputado del PP Julio Bartolomé advirtió de que esta ley supone un "retroceso claro" en la "pluralidad" y la "independencia" del Consejo Económico y Social, al permitir que pasen a formar parte de este órgano consultivo altos cargos. El "riesgo" de que esto suceda implicará que este Consejo "dejaría de ser independiente".
Bartolomé explicó que su grupo hubiera apoyado el texto si se hubiera "limitado" a regular la concertación social con las entidades sociales representativas, aspecto que se "desborda" para extender la regulación a los órganos consultivos, en este caso, el CES.
Para evitar estos "excesos", el PP había presentado un total de cinco enmiendas y dos votos particulares, en aspectos relacionados con la representatividad de agentes sociales o con la incompatibilidad de los miembros del CES.
La diputada socialista Susana Mediavilla elogió el "giro importante" que se ha dado en Cantabria desde el año 2003 en el diálogo social, que considera una "seña de identidad" de la gestión del Gobierno, en una visión del diálogo social que contrapuso a la del Partido Popular, que quiere que los agentes estén "al albur del oportunismo del Gobierno de turno".
Al respecto, la regionalista Matilde Ruiz sostuvo que el PP "no cree en el diálogo social", y reprochó a este partido que "funciona como una isla" en la que hay diferencias "notables" en torno a sus posturas sobre la negociación social en unas comunidades y otras, en las que, dijo, se han apoyado textos similares al que se rechaza, lo que a su juicio demuestra que los 'populares' están "un poco perdidos".
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