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Los fantasmas de la administración pública

Los fantasmas de la administración pública

No es novedad el desmanejo ejercido por el Estado de los fondos de las empresas que tiene a su cargo. Un ejemplo claro es la arbitraria, discrecional y desorganizada distribución de los fondos del ANSES y las exhorbitantes pérdidas producidas por Aerolíneas Argentinas - $8 millones por día reconocido por su presidente Mariano Recalde. Si bien la Aerolínea es co-administrada por el Estado nacional con el dinero de todos los argentinos, continúa siendo una empresa privada.

A la fecha hay diversas empresas públicas y otros entes del sector público, que por fines contables no se ubican en el universo de la Administración Pública Nacional. Son fantasmas en términos presupuestarios, no cuentan con partidas de ingresos y gastos aprobados para el corriente año fiscal 2009. Esto ocurre porque no se cumplen las normas de nuestro sistema presupuestario: econtrándonos ya en la segunda mitad del año el Ministerio de Economía aún no aprobó, los presupuestos de al menos seis empresas públicas. Así se incumplen los plazos establecidos en la Ley N° 24.156 que reformó y ordenó la Administración Financiera del sector público nacional.

Estos fantasmas provocan miedo: perdemos dos hospitales por semana sólo en lo que respecta a Aerolíneas. Esto sucede básicamente por dos cuestiones. Primero, el uso impune del que goza el Poder Ejecutivo para reasignar fondos del Presupuesto Nacional aprobado previamente por el Congreso. Segundo, la creación de Decretos de Necesidad y Urgencia para incrementar los montos totales de gastos durante el ejercicio en curso. Esto, sumado a los diversos inconvenientes e irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, da lugar a sospechas.

Contar con los cálculos de recursos y gastos necesarios para el año en ejercicio en los tiempos establecidos por la ley vigente, conduce al correcto desarrollo y funcionamiento de las empresas públicas, entes binacionales y demás sociedades administradas por el Estado. Más importante, constituye un claro mensaje sobre la relevancia que le otorga el Gobierno a la función de rendir de cuentas a sus representados. En definitiva, significa cuanto valora y cuida cada peso aportado por la gente. El incumplimiento reiterado de las normas técnicas que ordenan el ciclo presupuestario, aquellas pocas contra las que el oficialismo no logró avanzar, es una falta grave de las autoridades económicas que el Poder Legislativo debe denunciar y trabajar para su corrección.

En cumplimiento del rol que le cabe al Congreso Nacional en el cuidado de los fondos originados en las privaciones de todos los argentinos, presenté un pedido de informes al Ejecutivo para que aclare la situación de las empresas públicas cuyos presupuestos aún no fueron aprobados. En mis casi 4 años como Diputado, el Gobierno respondió uno sólo de las decenas de pedidos de informes que formulé sobre cuestiones varias sobre la Administración Pública Nacional. Irónicamente, la contestación obtenida fue que no podían formular una respuesta.

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