El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires anunció hoy que el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás y decidió modificar el decreto por el cual le pedía a las empresas que informen sobre las adicciones de sus empleados, entre otros datos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad dio a conocer su decisión de suprimir del Registro de Empleadores on line, creado a través del decreto 625, la grilla que solicitaba información privada.
Al respecto, el Gobierno aclaró que "el objetivo principal de la creación del registro es contar con información estadística que oriente políticas públicas de prevención y protección del trabajo" y que "de ninguna manera (se buscó) vulnerar en algún sentido la privacidad de los ciudadanos".
Legisladores de la oposición redoblaron las críticas
El titular de la bancada del FPV, Diego Kravetz, se refirió a la rectificación del PRO sobre el decreto que habilitaba a indagar en la vida privada de los empleados y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri "cree que tiene carta libre para hacer cualquier cosa".
"Teniendo en cuenta lo que dijimos los de la oposición, más lo que dijeron los constitucionalistas, tomaron la decisión correcta en forma rápida", indicó Kravetz en declaraciones a Télam.
Kravetz advirtió que la medida a la que ahora se da marcha atrás "es para prestar atención".
"Más allá de la rectificación, es bastante llamativo que hubiera una lógica de nombrar a Jorge `Fino` Palacios, después ver quién se droga y quién no”, agregó.
"Es una lógica que está imprimiendo este gobierno que hay que prestarle atención. Como les fue bien en la elección, creen que tienen carta libre para hacer cualquier cosa y muestran la hilacha de un gobierno que se tira hacia la derecha. Hay que estar alerta para poder contrarrestar medidas de este tipo”, finalizó.
Por su parte, la legisladora Silvia La Ruffa indicó que el gobierno de la Ciudad "no tenía más alternativa” ya que "expertos en derecho constitucional manifestaron su rechazo más allá del rechazo de las fuerzas políticas”.
"Quedó claro que no era una cuestión de la oposición sino que atentaba contra elderecho a la intimidad, y no tenia ningún sentido para formular ninguna política publica”, aseguró y agregó que "era inaudita la medida y me parece bien que, ante un rechazo generalizado, ante argumentos sólidos, recapaciten”.
En tanto, Juan Cabandié, legislador por el Frente para la Victoria, tildó la medida de "absurda” y acusó al PRO de no mostrar "ninguna intención de trabajar en algo que es una problemática real ni en la inclusión social”.
"Diría que se pongan a trabajar en serio y dejar este tipo de políticas o de anuncios que son meros anuncios marketineros y que no tratan los temas de fondo. Que se pongan a trabajar en serio”, apuntó.
Al conocer la decisión de dar marcha atrás con el decreto, el legislador Alejandro Rabinovich (bloque Autonomía con Igualdad) aseguró que la modificación "sanea la inconstitucionalidad en que se había incurrido".
"La reciente modificación del decreto 625, con la eliminación del anexo que exigía información privada de las personas, es una medida correcta que sanea la inconstitucionalidad en la que se había incurrido", afirmó el legislador en un comunicado.
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