"Yo, con la responsabilidad de ser Presidente de la República, de encarnar hoy, por generosidad de los colombianos, la jefatura del Estado, y también por mandato del alma, por recuerdos, por dolores, por nostalgias, quiero sumarme también a lo que ha dicho Eduardo Pizarro, para pedir perdón a todos los colombianos", dijo Uribe.
Momentos antes, Pizarro, quien dirige la Consejería Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), hizo lo propio.
Ambos, Uribe y Pizarro, encabezaron una ceremonia en Popayán (suroeste) en la que entregaron las 300 primeras indemnizaciones a familiares de víctimas de la violencia, mientras en otras regiones y en actos similares 1.700 personas más también fueron beneficiarias.
Uribe añadió que en su gobierno no se ahorrarán "esfuerzos para rescatar la paz a través de la seguridad con valores democráticos".
"Cuando nuestras Fuerzas Armadas han entregado todos estos gestos (de lucha por la paz), lo han hecho significando que tienen un compromiso de eficacia y un compromiso de transparencia", dijo Uribe, y confió en que "no haya semilla de odio ni rencor".
Las compensaciones económicas cuentan con el apoyo técnico de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM).
Para que una persona sea beneficiaria de la compensación, el Estado colombiano pide que se demuestre la muerte de un miembro de la familia, su desaparición forzada, un secuestro o un daño físico o psicológico que haya causado una discapacidad permanente.
En esos casos la compensación se elevará a 10.400 dólares.
Para quienes sean víctima de tortura o daño físico y psicológico, pero que no haya resultado en un lesión causante de discapacidad, la indemnización se elevará a 7.850 dólares.
A quienes demuestren que sufrieron desplazamiento forzado se les entregará 7.050 dólares, según datos de la OIM.
El Gobierno espera dar compensaciones a unas 10.000 víctimas o sus familias hasta final de 2009 y para ello dispone de 90 millones de dólares, según la OIM.
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