En un comunicado, el Cancillería venezolana dijo que esos informes estadounidenses son "una herramienta para la política imperial y la agresión a los países que desarrollan una política independiente en el mundo".
Por ello, el Gobierno venezolano exigió el cese de las "certificaciones unilaterales" estadounidenses, porque, entre otros, las considera un "serio escollo para la regularización de las relaciones bilaterales", limitadas a los representantes de negocios desde noviembre de 2008.
El informe anual sobre el tráfico de personas divulgado este martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó que Venezuela tomó medidas para combatir ese flagelo, pero "no mostró evidencia de avances" en procesos judiciales ni ayuda a las víctimas, según informaron medios de prensa locales.
La Cancillería afirmó que "resulta escandaloso que un país donde se reprime y explota a los inmigrantes, especialmente latinoamericanos, se separa a sus familias, se construye muros fronterizos, se ha practicado la tortura y se protege a terroristas, pretenda erigirse en juez de los Derechos Humanos en el mundo".
"Las acusaciones falsas contra nuestro país a lo largo de los últimos años en este reporte de tráfico de personas, han servido como justificación para una brutal agresión contra nuestro pueblo y Gobierno", denunció el Ministerio de Exteriores de Venezuela.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez "exige que se desmonte la legislación de certificaciones unilaterales" que, dijo, "lejos de ayudar a la promoción de los Derechos Humanos, busca ocultar la doble moral que se practica en los Estados Unidos".
También "obstaculiza el establecimiento de la relación de igualdad y respeto que debe prevalecer entre nuestros países, tal y como lo ha pregonado el nuevo Gobierno de Estados Unidos", añadió el comunicado de la Cancillería venezolana.
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