La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que admite a trámite una querella interpuesta el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias contra el juez
Garzón, en la que se le acusa indiciariamente de un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son) en relación con la causa abierta por este magistrado por las desapariciones tras la guerra civil española.
Así lo confirmaron fuentes del Sindicato querellante que señalaron que en su querella también solicitaban en caso de que su iniciativa fuera admitida a trámite, como así ha ocurrido, que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus funciones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento.
El presidente del Sindicato, Miguel Bernard, explicó que la querella se interpuso por considerar que Garzón incurrió en prevaricación al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional.
Una juez de Zamora toma el testigo con las fosas
Coincidiendo con el golpe judicial a Garzón, se ha producido este miércoles un avance en torno a la causa contra el franquismo que comenzó el juez. Por primera vez, una juez de Zamora ha decidido aceptar la investigación de la que se inhibió Garzón el pasado 18 de noviembre y tutelar así la exhumación de una fosa común de la Guerra Civil en España, tal y como avanza el diario El País.
Una juez de Benavente (Zamora) es la primera en tomar esta decisión después de que Garzón repartiese la causa contra el franquismo entre los 62 juzgados donde había fosas para responder a las peticiones de las asociaciones de familiares de víctimas que reclamaban investigar los más de 100.000 desaparecidos. De momento, Benavente se ha convertido en la avanzadilla ya que se abrirá el próximo 8 de junio una fosa en la que yacen ocho fusilados.
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