Se mantienen prejuicios ideológicos en el Gobierno para la apertura comercial. Esos prejuicios pasarán una costosa factura al país, sobre todo cuando los vecinos se beneficien de ella y los productos ecuatorianos queden en desventaja ante los mercados abiertos al libre comercio para los países vecinos.
El Perú tiene ya su TLC vigente con los Estados Unidos y Colombia sigue en camino de derribar las barreras para la aprobación final. Ambos países negocian también la apertura comercial con la Unión Europa (UE). Esos son, en estos momentos, los mercados de mayor importancia para el Ecuador.
Por las declaraciones en la cadena radial del sábado, parecería que el presidente Correa descarta la negociación de la apertura comercial con la UE. Señaló, por ejemplo, como una lesión a la soberanía aceptar la posibilidad de una demanda en materia comercial en un tribunal internacional. Aquellos son, por lo regular, procesos de arbitraje, cada vez más generalizados en buena parte del mundo en el ámbito del comercio y la inversión.
El presidente ha comparado las facilidades para ese tipo de demandas con las relativas a los derechos humanos. "Para proteger la inversión extranjera, si cambiamos un impuesto nos pueden demandar ante el Ciadi, y una empresa privada puede mandar a un Estado soberano ante un tribunal internacional. ¡Eso es un absurdo, es una inconsistencia total!, porque si se quiere defender derechos humanos, no hay esa facilidad; pero para defender los derechos de capital, tienen esa y otras muchas facilidades".
Hay que recordar, primero, los avances en el ámbito del derecho internacional con el tema de las violaciones de los derechos humanos. En el plano del comercio, el prejuicio es suponer que un acuerdo la ventaja de una parte se hace a costa del perjuicio de la otra; es decir, una especie de suma cero. La apertura comercial bien negociada debe ser una suma positiva, es decir, con beneficios para las dos partes.
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