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En Perú califican la actitud de "cobarde y fascista"

Amenaza de alteños a peruanos reaviva el conflicto entre ambos países

Amenaza de alteños a peruanos reaviva el conflicto entre ambos países

Las relaciones entre Bolivia y Perú volvieron a tensionarse ayer, tras la amenaza de expulsión del cónsul peruano y de los peruanos que residen en El Alto, si el gobierno de Alan García no revoca el asilo dado a tres ex ministros en los próximos 15 días. Ante ese ultimátum de algunas organizaciones alteñas, inmediatamente Perú pidió a Bolivia protección para el consulado, sus funcionarios y ciudadanos en El Alto.

El ex canciller peruano y actual congresista por el APRA dijo que Evo Morales y su gobierno serán los únicos responsables si la tensión diplomática entre los dos países llega a escalas mayores, además calificó la amenaza de “cobarde y fascista” por lo que instó al Gobierno boliviano identificar a los que han hecho esa amenaza y “advertirles que retrocedan en esa medida porque serán responsables de eventuales acciones de lesa humanidad”.

El canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, declaró a la agencia estatal Andina que se comunicó con el Ministerio de Exteriores de Bolivia para pedir protección, en general, para "todos los peruanos que residen" en la ciudad de El Alto, "para que esta situación no se descontrole ni pase a tener consecuencias".

“No dudamos que la Cancillería boliviana va a proteger el consulado y a sus funcionarios, es una responsabilidad que no dudamos va a asumir”, puntualizó García Belaúnde al manifestar que no creía que “por una disposición peruana (el otorgamiento del asilo y refugio) se pueda retirar a compatriotas que están trabajando honestamente en Bolivia”.

El cónsul de Perú en El Alto, Czibor Chicata-Sutmöller, confirmó ayer a Efe que el viernes pasado recibió a dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa cuidad, quienes amenazaron con expulsar a todos los ciudadanos peruanos, incluido él mismo, si no se revoca el asilo dado por Perú este mes a tres ex ministros acusados de “genocidio” por los hechos luctuosos ocurridos en octubre de 2003.

"Entregaron un memorial al Consulado en el que se pedía que se expulsara a estos señores (ex ministros bolivianos) y daban un plazo de 15 días para obtener algún tipo de respuesta o si no iban a pedir la expulsión del cónsul", dijo Chicata-Sutmöller.

El cónsul agregó que además, durante la reunión, los dirigentes sindicales incluso le dijeron que ese plazo se reducía a ocho días y se extendió la amenaza de expulsión a todos los peruanos que residen en El Alto.

Wilson Choquehuanca , dirigente de la Fejuve que participó en la reunión con Chicata-Sutmöller, advirtió que si Lima no revierte el asilo a los ex ministros, expulsarán de El Alto a todos los ciudadanos peruanos. "Queremos la expulsión de los maleantes de los ex ministros. Hemos decidido que si no es así, expulsaremos a los ciudadanos peruanos de El Alto", dijo Choquehuanca.

El secretario general de la Central Obrera Regional de El Alto, Eliseo Suxo, dijo por su parte a los medios que "hay que botar a todos los peruanos que viven en El Alto" ya que "no es posible que estén protegiendo a los delincuentes, a los prófugos de la justicia boliviana", según el diario La Razón.

Suxo además adelantó que la Central Obrera Regional de El Alto ha resuelto comenzar una serie de movilizaciones en caso de que sea necesario para conseguir que los ex ministros huidos se sometan a la Corte Suprema de Justicia.

Perú revisa documentación sobre juicio a ex ministros

El Canciller peruano, en entrevista a medios peruanos, confirmó que su ministerio recibió información de Bolivia sobre los procesos abiertos contra los ex ministros asilados y que están revisando esos casos.

No obstante, subrayó que "la comisión que otorgó el asilo estudió el caso a fondo" y Perú ejerció su soberanía para aplicar las leyes y otorgar esos estatus.

Los ex ministros asilados son Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Tórrez Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), quienes se refugiaron en Lima desde mediados de este mes alegando persecución política.

Antes de enviar esa documentación a Perú, el presidente Evo Morales anunció que estudia demandar a Perú por el asilo que otorgó a Quevedo, Tórrez Goitia y Torres Obleas, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Sin embargo, las autoridades peruanas le recordaron a Morales que Bolivia no podia acudir a La Haya debido a que no había suscrito el convenio internacional que daba a los países la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia.

Con relación a las diferentes amenazas bolivianas para que Perú revoque el asilo, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Ronald Gamarra, dijo que eran inaceptables y emplazó al presidente Evo Morales a detener esta situación.

Anotó que si Gobierno boliviano está disconforme con el asilo a los ex ministros, entonces que utilice las vías legales o diplomáticas para reclamar, pero que no se permita cualquier acto hostil contra los peruanos, manifestó en alusión a la amenaza de expulsión de organizaciones alteñas.

“Me parece desproporcionado e inaceptable que haya respuestas en ese sentido, los estados tienen que resolver sus diferencias aplicando las leyes nacionales e internacionales, pero no hostilizar a sus ciudadanos”, manifestó.

 

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