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Denuncian imposición de proyecto país

Episcopado preocupado por democracia venezolana

Episcopado preocupado por democracia venezolana

La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su palabra de preocupación porque considera que en el país se ha abierto un proceso de "desconocimiento de la voluntad popular" y de "creciente arbitrariedad en la administración de justicia", por lo que exhortó a "restaurar el Estado de Derecho". Los obispos aseguran que el Gobierno pretende imponer a la fuerza su proyecto a todo el país.

Los obispos, reunidos en la XXXIX Asamblea Extraordinaria Plenaria de la CEV, también resaltaron que el Gobierno de Hugo Chávez aplica medidas que buscan "limitar la autonomía de los medios de comunicación".

Asimismo, manifestaron su desacuerdo hacia lo que consideran las políticas empleadas por el gobierno nacional que a su juicio violan la Constitución y constituyen la radicalización del proceso revolucionario.

Monseñor Diego Padrón, arzobispo de Cumaná, señaló que “no es posible lograr entendimiento ni tener paz en una nación en la que un gobierno pretenda imponer a la fuerza su proyecto país a toda la población, más aún cuando tal pretenda ha sido rechazada electoralmente”.

El Episcopado venezolano expresó su  "preocupación" porque en el país se ha abierto un proceso de "desconocimiento de la voluntad popular" y de "creciente arbitrariedad en la administración de justicia", por lo que "exhortó" a "restaurar el Estado de Derecho".

Los obispos señalaron que les "preocupa que diversos actores de la sociedad desconozcan la voluntad popular expresada en las elecciones regionales de noviembre de 2008, e impidan o coarten la acción de autoridades elegidas legítima y democráticamente por el pueblo".

Dicha situación "entorpece la existencia de una sociedad plural y genera dudas sobre la validez y eficacia del voto en los comicios electorales", agregaron los jerarcas católicos.

Calificaron como "inaceptable jurídica y éticamente" que en un sistema judicial "no se siga el debido proceso, se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas (...) y se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política".

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