Larry Klayman, abogado y fundador de la organización, dijo en una conferencia de prensa que interpuso la acción judicial a nombre del periodista venezolano Ricardo Guanipa, a quien Estados Unidos le concedió asilo político en 2005.
Freedom Watch, que defiende las libertades civiles y los derechos humanos, señaló en la demanda que se buscan compensaciones por más de 1.000 millones de dólares por daños emocionales presuntamente ocasionados por Chávez y algunos de sus funcionarios por "agresión, apoyo al terrorismo, crímenes contra la humanidad, violación a los derechos humanos y civiles, y tortura".
Klayman afirmó que están pidiendo que la demanda sea clasificada como colectiva para que puedan sumarse otros venezolanos que se consideren víctimas de los mismos delitos y que el juicio se celebre con un jurado.
La acción judicial se interpuso basada en una Ley estadounidense que penaliza la tortura y otorga jurisdicción a los tribunales de este país para escuchar los casos relacionados con ese tipo de actos presuntamente cometidos fuera de sus fronteras.
En el documento judicial, Chávez y otros miembros de su Gobierno están acusados de tres cargos: estar comprometidos con el terrorismo y suministrar material de apoyo a una organización terrorista, agresión y causar daño emocional intencional.
Freedom Watch acusa al gobernante venezolano de presuntamente conspirar con grupos considerados terroristas como las FARC de Colombia, Al Qaeda y los talibanes.
Además de Chávez, se mencionan en la demanda al vicepresidente venezolano, Ramón Carrizalez; al canciller, a Nicolás Maduro; al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, y al director de la Disip, Henry Rangel Silva, entre otros.
La demanda fue interpuesta a nombre de Guanipa, un ex reportero del diario El Nacional de Caracas en la década los años 90 y que fue periodista de Radio Martí, una emisora financiada por el Gobierno de Estados Unidos que transmite información a Cuba.
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