Simpatizantes del Gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recordaron este sábado en Caracas la sangrienta jornada en la que el asesinato de 19 personas sirvió como justificación al golpe de Estado de abril de 2002 que se sostuvo por unas 45 horas. El acto, en el que participaron familiares de las víctimas, dirigentes del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), el partido de Chávez, y grupos musicales, se celebró en Puente Llaguno, en el centro de la capital caraqueña y principal foco de la violencia de aquella jornada.
El 11 de abril de 2002, miles de manifestantes de oposición que se dirigían a la sede del Gobierno para pedir la salida de Chávez fueron atacados, al igual que los simpatizantes del presidente, por francotiradores y policías metropolitanos, que mataron a 19 personas.
Miembros del alto mando militar invocaron esas muertes para desconocer la autoridad de Chávez a través de una declaración que fue grabada, según se supo después, cuando todavía no había empezado la masacre.
Portavoces pro gubernamentales sostienen que ese hecho prueba que las muertes fueron planificadas con antelación para justificar el golpe, que contó con el respaldo, según testimonios gráficos de la época, de dirigentes de oposición, militares, empresarios, clérigos y medios de comunicación.
El vicepresidente del PSUV, Aristóbulo Istúriz, indicó hoy a la prensa que el próximo 14 de abril se celebrará una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional para recordar el golpe.
Istúriz adelantó que ese día se volverán a sacar a la luz los nombres de todos los que se comprometieron con la asonada, tanto instituciones como políticos, militares, empresarios o medios de comunicación.
El pasado 3 de abril se produjo la primera sentencia sobre las muertes del 11 de abril de 2002 y en ella fueron condenados a 30 años de prisión Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, jefes de la Policía Metropolitana (PM).
También fueron condenados a 30 años de prisión dos agentes de la PM, mientras que otros cuatro recibieron penas de entre 17 y tres años, y dos fueron absueltos.
De acuerdo a la Asociación de Víctimas del 11-A, ese proceso judicial sirvió para demostrar que la Policía Metropolitana, que cuenta con casi 10.000 agentes, fue utilizada como "brazo armado" del golpe.
También dijeron que ahora es preciso "desenmascarar" a los autores intelectuales de la masacre, entre los que se cita al entonces alcalde opositor, Alfredo Peña, a cuya orden estaba la PM y actualmente prófugo de la justicia, presumiblemente en Estados Unidos.
Por su parte, familiares de los policías condenados indicaron que la decisión del tribunal fue "política" porque todavía no está claro quiénes fueron los responsables de las muertes registradas aquel día.
Ese argumento fue respaldado por el cardenal Jorge Urosa, quien señaló que la sentencia llevaba a "prolongar una tragedia".
"Los que están presos son los policías que tenían la misión de preservar el orden público y la vida de los venezolanos. Es bien difícil, triste y espero que haya en el futuro mayor sensatez con respecto a todos los juicios y que no se politicen, aunque quienes sean procesados tengan una postura política distinta a la del Gobierno", dijo el cardenal.
El Ejecutivo reaccionó de inmediato a la posición del representante de la Iglesia católica y presentó en los medios oficiales de comunicación vídeos del 11 de abril de 2002 donde se ve a policías metropolitanos disparando con armas largas contra simpatizantes gubernamentales en la zona de "Puente Llaguno".
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