Organizaciones ambientalistas de Panamá denunciaron la política gubernamental en materia de minería a cielo abierto, por el aumento desmesurado de concesiones que afectan de manera directa la seguridad ambiental del istmo.
Representantes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Fundación Albatros y el Centro de Acción Social (CEASPA), denunciaron que continúa el proceso de permisos otorgados por las autoridades para exploraciones y futuras explotaciones de los recursos naturales, sin que hasta el momento se haya dado respuesta a las reclamaciones de la sociedad civil.
Los grupos ambientalistas están preocupados por las 127 mil hectáreas dadas en concesión para la prospección y extracción de minerales metálicos, y los permisos que en diferentes etapas de trámites de solicitudes, ya alcanzan los dos millones 333 mil hectáreas.
Las explotaciones mineras y de extracción de arena submarina se encuentran en zonas que incluyen cuencas hidrográficas, comunidades y zonas protegidas, con el consiguiente peligro de degradación que enfrentan por esos proyectos, la afectación a la salud de los ciudadanos y el deterioro general del ambiente y las tierras de cultivo.