Ahora que empiezan a venir algunas vacas flacas y que se acercan las elecciones, Rodríguez Zapatero no quiere tener problemas y, por el contrario, pretende reforzar sus políticas sociales como reclamo para renovar su mandato como presidente del Gobierno. Sabe, como cualquier persona bien informada, que la ralentización es un hecho, pero en su caso no le interesa interiorizarlo, ya que su prioridad es ganar las elecciones, lo cual también tiene su lógica partidaria. Por el contrario, Pedro Solbes quiere irse del Gobierno -ni siquiera aceptó ser diputado socialista en la siguiente legislatura-, por lo que también es comprensible que se mantenga en sus trece, en aras de no estropear su atinada ortodoxia económica.
Ahora bien, en un Gobierno siempre hay quien manda y quien acata. Y, por definición, en un Gobierno manda el Presidente. Es en este contexto en el que hay que entender que el vicepresidente Solbes sufra un tenso final de legislatura, presionado también por otros ministros que, con la ayuda de su particular primo de Zumosol (ZP), le van con ambiciosos proyectos que a veces ni siquiera se adaptan al marco legal existente en un Estado como el de las autonomías. La ayuda lineal de 2.500 euros por hijo recién nacido, los incentivos a la vivienda, la atención gratuita a los niños con problemas de salud dental y algunas cosas más son señales evidentes de la ignorancia de quien maneja ciertas competencias en la España de 2007. No sólo es comprensible que Solbes no quiera dañar su balance de las cuentas públicas, sino que a veces ni siquiera es posible hacerlo legalmente, a falta de ciertos trámites legislativos. Y es que algunos se olvidan de que existe el Estado de derecho.