I. La limitación para dictar leyes básicas por parte del Estado, ya que afecta a la igualdad de los españoles en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes. Por poner algunos ejemplos, leyes que ya están en debate en las Cortes Generales- como el Estatuto del Empleado público- ya no se aplicarán íntegramente en todo el territorio nacional y, al limitarse su propio contenido desde los Estatutos de Autonomía- generará mayores diferencias tanto en el acceso a la función pública, como en las retribuciones entre funcionarios de las distintas Administraciones.
2 La admisión de modelos de financiación bilateral quiebra el principio de generalidad y por ello, impide la solidaridad, uno de los pilares esenciales de la Constitución. Los límites a la solidaridad, que prevé el Estatuto catalán, acaban traduciéndose en diferencias a la hora de recibir servicios públicos esenciales por los españoles.
C) La imposición como deber del conocimiento de las lenguas autonómicas: limita la movilidad de los trabajadores, genera discriminaciones entre los funcionarios, incrementa los costes a las empresas, como son los derivados de la imposición del etiquetaje y embalaje en la segunda lengua.
2 En materia de industria, la asunción de competencias exclusivas de las CC.AA sobre los procesos industriales puede conllevar normas de verificación, autorización, seguridad diferentes en cada CC.AA, que colocan al empresario productor ante una maraña legislativa para instalarse y comercializar sus productos en toda España.
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