La Junta no ve posible excluir de contratos a bancos que practiquen desahucios

Un informe del gabinete jurídico de la Junta ha determinado que la administración autonómica y sus entes instrumentales "no pueden excluir a las entidades financieras que practiquen desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional de su contratación, so pena de infringir principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".

   Así se recoge en el documento de los servicios jurídicos, consultado por Europa Press y cuyo contenido ha sido adelantado este miércoles por la Cadena Ser.

   Como se recordará, una de las principales propuestas que Podemos ha puesto sobre la mesa de negociación con el PSOE-A de cara al debate de investidura consiste en que "las entidades financieras que convenien con entes y empresas públicas, así como con la propia Junta de Andalucía, deberán comprometerse a cumplir los estándares internacionales en materia de desahucios" y, en particular, "no podrán provocar desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional a personas en dificultades ni generar situaciones de exclusión derivadas de las deudas hipotecarias".

   En la propuesta de Podemos se añade que el Gobierno andaluz "deberá por tanto limitar sus relaciones con entidades financieras, a aquellas que de manera fehaciente cumplan con los mencionados estándares".

   En el informe jurídico de la Junta, se señala que la circunstancia de que entidades financieras practiquen desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional no está considerada por el Texto refundido de la Ley de Contratos del sector público como prohibición de contratar y "ni siquiera es un incumplimiento del Código de buenas prácticas".

   A este respecto, en el informe se recogen los casos en los que personas no podrán contratar con el sector público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

   Asimismo, se hace referencia al Código de buenas prácticas al que voluntariamente podrán adherirse las entidades y que, con las medidas contenidas en el mismo, se facilitaría y promovería "la implicación del sector financiero español en el esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social de muchas familias, sin que entre dichas medidas se prevea la imposibilidad de practicar desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional".