AC/EFE | Domingo 02 de marzo de 2014
La juez de los ERE ha impuesto una fianza de 1.706.229 euros a los dueños de la empresa Surcolor por las ayudas recibidas para despedir a 24 trabajadores y por la inclusión de dos "intrusos", un amigo y un cuñado del alto cargo que otorgó los fondos.
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, relata que Surolor firmó entre 2006 y 2007 actas de avenencia en el CEMAC para despedir a 24 trabajadores, con indemnizaciones que debían ser abonadas por la empresa.
Los imputados Manuel Castilla Bustamante y Antonio Bustamante León contactaron presuntamente con el "conseguidor" Juan Lanzas, quien se ofreció como interlocutor con la Junta y con el entonces delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado.
Estos contactos motivaron que en junio de 2006 el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero comprometiera el pago de 2.340.137 euros (el 84 por ciento del total), de forma que "fue la Junta de Andalucía quien respondió del compromiso adoptado por la empresa con sus trabajadores", según el auto.Finalmente fueron incluidos como "intrusos" en la póliza de Surcolor Manuel López Espadas y José Antonio Márquez, ambos militantes del PSOE de Camas (Sevilla), localidad de donde había sido alcalde Antonio Rivas y el segundo de ellos cuñado suyo.
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