AC/ EP | Lunes 24 de febrero de 2014
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha archivado las actuaciones contra Eva María Domínguez, que fuera secretaria hasta el año 2005 del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, quien estuvo encarcelado por este caso hasta que logró pagar la fianza de 600.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya estima de este modo el escrito presentado por el abogado de la imputada y decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a Eva María Domínguez "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen" en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción no se opuso a la petición de archivo al considerar que "no queda suficientemente acreditada, atendiendo al estado actual de la instrucción, la participación" de la imputada en los hechos que le fueron atribuidos al inicio de su declaración el 12 de diciembre de 2013, todo ello "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen en relación al resto de piezas de esta causa".
La juez argumenta que, "coincidiendo con la argumentación del Ministerio Fiscal, procede acceder al sobreseimiento provisional solicitado", tras lo que cita Eva María Domínguez a declarar en calidad de testigo el próximo 26 de marzo "al objeto de ratificar, aclarar o ampliar, en su caso, la declaración que prestó en calidad de imputada".
Hay que recordar que la instructora imputó a la exsecretaria de Albarracín tres presuntos delitos de falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por la facturación de las pólizas que tramitó Vitalia a través de la empresa Permar 21.
Durante su declaración, la imputada señaló que los sindicatos "no frecuentaban" la sede de Vitalia y dijo desconocer si éstos facilitaban información sobre empresas en crisis.
De este modo, se trata de la segunda ocasión en la que la juez archiva la causa contra alguno de los imputados en los ERE, todo ello después de que archivara las actuaciones contra Antonio Arquero debido a su fallecimiento.
Arquero era vecino y amigo en El Pedroso (Sevilla) del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y percibió 449.981 euros por una "renta de supervivencia".
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