El castellano, lengua vehicular

El artículo 3 de nuestra Constitución es de una claridad meridiana. El que no lo entiende es porque no quiere, y le digan lo que le digan, hará lo que quiera, y lo que los jueces le permitan por dejación de sus responsabilidades. Se les ha consentido tanto a las autoridades catalanas que se han creído con derecho de pernada sobre toda la población de Cataluña. Han creado un lenguaje propio para designar sus entelequias, y los demás hemos acabado cayendo en la red: Cataluña frente a España, olvidando que Cataluña TAMBIÉN ES España; "Madrit" como sinónimo de Gobierno del Estado, incitando al enfrentamiento entre los diferentes territorios de España; el plurilingüismo y el plurinacionalismo como fundamento de las ansias independentistas de algunos catalanes... Y así en todo. Quizás hemos caído en la trampa, incluso, dándole a la cuestión catalana más aire del que se merece. De todas maneras, el problema no es nuevo. Azaña decía que la cuestión catalana era "UN MANANTIAL DE PERTURBACIONES (...) Y ES LA MANIFESTACIÓN AGUDA, MUY DOLOROSA, DE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA DEL PUEBLO ESPAÑOL", que no lleva camino de solucionarse.
 
El enfermo no parece que vaya sanar. Prueba de ello es la reciente sentencia del TSJC, que fija en un 25 % el número de horas en las que el español deberá ser usado como lengua vehicular, de una materia troncal, además, lógicamente,  de la Lengua Española, y el sarpullido que ha producido entre los independentistas. Algunos que, sin serlo, son "bons catalans" pretenden defender a machamartillo el catalán y expulsar el castellano completamente del sistema educativo, por ser la lengua de los opresores.
 
En realidad, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desde mi punto de vista, cometen un error inmenso: aunque muestran el camino que deberá seguirse frente a las demandas del castellano como lengua vehicular de otros padres, NO HACEN GENERAL LA APLICACCIÓN DEL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR. No se trata de dar satisfacción a una veintena de padres que lo han pedido, sino que el uso del castellano DEBERÍA APLICARSE A TODOS LOS ESCOLARES EN CATALUÑA, lo pidieran o no, porque es obligatorio cumplir con el Artículo 3 de la Constitución, que dice claramente, con respecto a la lengua española que todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, aunque en una Comunidad Autónoma tengan otras lenguas que le sean propias. Es UN DEBER APRENDERLA, y las autoridades educativas TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR SU APRENDIZAJE. No es, pues, el reconocimiento del derecho de un grupo de padres, sino una obligación de las autoridades. Desde 2006 en que se planteó la primera demanda judicial hasta prácticamente hoy, han pasado nada menos que ocho años para que el TSJC haya dictado unos autos, recurribles, en los que fija en un 25 % el tiempo en que debe usarse el castellano en aquellos centros educativos en los algún alumno lo demande; él, y sus compañeros de grupo, sin que catalán deje de ser el centro de gravedad del sistema educativo
 
¿Por qué un 25 %, y no un 35 o un 50? En principio, es la Generalidad la que tiene en sus manos fijar la proporción de uso de las dos lenguas. Como no había dado ningún paso para cumplir las varias sentencias del Supremo y del Constitucional, o sea, que como dicen los jóvenes, "han pasado" de ellas, el TSJC ha intervenido fijando esa proporción, como podía haber sido otra. Lo razonable es que hubiera sido un 50 %, por aquello de la igualdad entre ellas. Pero menos da una piedra.
 
Lógicamente, los "bons catalans" han puesto los pies en la pared. Supongo que todos los interesados en este asunto habrán leído las declaraciones de Fernando Mascarell, del grupo Somescola.cat, de Ana Simó, de Dolores Camats, de Juan Mena y de tantos otros que están pidiendo, de nuevo, el incumplimiento de las sentencias con argumentos de naturaleza política, aunque algunos hacen referencia a "valores" pedagógicos", esos que no tuvieron en cuenta desde 1980, con la inmersión de los niños, catalanohablantes y castellanohablantes, en la lengua propia de Cataluña. La Consejera de Educación, Irene Rigau, a la que le piden desde algunos medios la "insumisión", presentará recurso (otro más) contra los autos. Dice que es un mal precedente y una extralimitación  que la justicia obligue al gobierno catalán a la imposición del castellano como lengua vehicular, en un 25 %. Y más, planteado como medida cautelar, a cumplir obligatoriamente mientras se resuelven otras instancias.
 
Estoy casi convencido de que lo previsto por el TSJC y por el Artículo 3 de la Constitución no se cumplirá en Cataluña. El nacionalismo y el independentismo tienen ahí otro agravio con el que aumentar el victimismo que conduce al separatismo. Otro choque de trenes. Y ya encontrarán el camino para no cumplirlo, y los gobernantes de España para no exigírselo. Los directores de los centros que lo incumplan, dicen los jueces, se arriesgan a un expediente administrativo, incluso a un proceso penal por un delito de desobediencia, pero no creo que a nadie se le ocurra plantearlo. Dicho de otra manera, que sólo se aplicará si se comienzan procedimientos penales, y eso... sólo podría aplicarse con una pareja de la guardia civil en cada centro.
 
Como decía Ortega, solucionar el problema catalán es resolver la cuadratura de círculo.