El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha solicitado este martes la retirada del pasaporte del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y que se le impongan comparecencias quincenales en el Juzgado más cercano a su domicilio.
Benjumea al que se investiga por la presunta comisión de un delito de administración desleal, ha comparecido ante la juez de la Audiencia Nacional titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, junto al exconsejero delegado de la compañía Manuel Sánchez Ortega, al que se le imputa, también, uso de información privilegiada. El Ministerio Público no ha solicitado para éste último ninguna medida cautelar.
Según han informado a Europa Press fuentes fiscales, el Ministerio Público considera que existen "indicios razonables" de la comisión de delito lo que obligaría a asegurar la presencia del expresidente de la empresa ante la Justicia.
Durante su declaración, en la que ha contestado a las preguntas de la magistrada, el fiscal y los abogados de los bonistas, Benjumea ha asegurado que "Abengoa sólo tiene un problema puntual de falta de liquidez".
Fuentes presentes en el interrogatorio han precisado que ambos ex altos cargos han defendido su gestión al frente de la empresa de renovables, declarada en preconcurso de acreedores en noviembre de 2015, y han asegurado que las cuentas son "transparentes".
Benjumea ha achacado la caída de la compañía a la retirada, por parte del Gobierno, de las subvenciones destinadas a la energía limpia y ha minimizado la importancia de la caída en Bolsa de sus acciones. A este respecto, ha indicado que este descenso es habitual y ha puesto como ejemplo la bajada de los títulos del Banco Santander, que ha llegado a alcanzar el 40 por ciento.
En cuanto a las cantidades que recibieron ambos directivos al abandonar la compañía, pagos por valor de 11,48 millones, en el caso de Benjumea y de 4,48 millones, en el de Sánchez Ortega, ambos han justificado el incentivo en el deseo de la compañía de blindar su permanencia en el puesto.
Por su parte, el exconsejero delegado ha achacado a una "coincidencia" la compra por parte de Blackrock de acciones a la baja de Abengoa. La compañía 'fichó' a Sánchez Ortega, como nuevo responsable de desarrollo estratégico de su división Infraestructure Investment Group (IIG) para Latinoamérica, tras su salida en mayo de la empresa de renovables.
A partir del mes de agosto, el fondo ordenó operaciones de compraventa de títulos. El exconsejero ha negado haber hecho uso de información privilegiada y ha precisado que su labor se limitaba al área internacional y nada tenía que ver con las acciones de otras empresas. "Ni sabía ni quise saber nada", ha precisado.
La juez Lamela impuso a ambos exdirectivos sendas fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros. Para hacer frente a la caución, la magistrada ordenó el embargo de cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, y prohibió a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar, aunque a este último le levantó la caución días después de que presentara un aval bancario para cubrir su caución.
Además, ordenó también el bloqueo de los saldos que constan en doce cuentas bancarias, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.
La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".
Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".
Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de afectados hasta alcanzar un número cercano a 70. Denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.
Sánchez Ortega, que dejó la empresa en mayo pasado, percibió, por su parte, una "contraprestación post-contractual" de 4.480.000 euros, a lo que habría que sumar 3.300.000 euros en concepto de "bonus variable" que percibirá "a cuenta de 2015 hasta su salida".
Al cabo de unos días, según la querella, fichó por el fondo de inversión Blackrock y, un mes después, la gestora tomó "fuertes posiciones bajistas" en relación con los valores de Abengoa.