El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE-A, la toma en consideración y consiguiente tramitación de la proposición de Ley de Podemos sobre cuentas claras y abiertas para la Junta de Andalucía. PP-A y Ciudadanos se abstuvieron en la votación, mientras que IULV-CA apoyó la tramitación.
En defensa de la ley, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe ha manifestado que los ciudadanos tienen que tener derecho a ver las cuentas corrientes de su administración, porque ahí está "la verdad". Ha querido dejar claro que con esta norma no viola en absoluto la Ley de Protección de Datos, sino que la va a respetar en todo momento.
Se trata, según ha explicado, de que desde la administración pública se tome la cuenta corriente de una determinada consejería o de un ayuntamiento y los datos contables, haciendo uso previamente de una aplicación que borra los datos de carácter personal, se trasladen al Portal de Transparencia. De esta forma, según ha señalado, los ciudadanos podrán conocer cuántas cuentas corrientes tiene la administración pública, en qué bancos, con qué saldos y qué movimientos se realizan en las mismas.
Se ha mostrado convencido de que esta norma nos protege "contra la corrupción" y ha recalcado que es más necesaria en Andalucía que en ningún otro sitio, porque son numerosos los "escándalos de pagos indebidos o de desvíos de fondos públicos" que se han producido.
Por su parte, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha querido dejar claro que para el Gobierno andaluz es una prioridad el acceso a la ciudadanía a la información y datos de la administración porque es necesario un mayor control democrático de lo público. Ha indicado que la Ley de Transparencia de Andalucía, la más "avanzada y ambiciosa" del país, ya garantiza a la ciudadanía parte de la información que se pretende dar a través de la ley de Podemos.
Ha indicado que la Junta tiene más de 5.000 cuentas, que cada año realizan más de cinco millones de transacciones, entre ellas, las nóminas de los empleados públicos. Ha señalado que el volcado masivo de millones de datos en modo alguno contribuiría a un mejor conocimiento de la gestión de los fondos públicos. Asimismo, ha afirmado que en todo momento habría que aplicar la Ley de Protección de Datos, con lo que habría datos que no se podrían ofrecer.
La diputada del PP-A Carmen Crespo ha iniciado su intervención denunciando el "veto" de PSOE-A y Ciudadanos en el Parlamento a la tramitación de proposiciones de ley de la oposición, porque ello supone "golpear la esencia de la democracia". Por ello, ha celebrado que este miércoles se hayan podido debatir ante el Pleno tanto esta norma de Podemos como la del grupo popular sobre el impuesto de sucesiones y donaciones.
Ha afirmado que el PP-A está de acuerdo con el fin de la proposición de ley de Podemos, pero "conjugada con la Ley de protección de datos". Ha considerado que hay que mejorarla para que sea "realmente útil para la transparencia en Andalucía". Ha insistido en que están de acuerdo con el objetivo final de la ley, pero hay que dilucidar cómo llevarla a la práctica. Ha denunciado que Andalucía se encuentra entre las últimas comunidades en materia de transparencia.
El parlamentario de Ciudadanos Sergio Romero ha manifestado que su formación puede compartir el título de la ley de Podemos, pero no el fondo y ha considerado que la iniciativa es contraproducente, redundante y económicamente "cara". Ha señalado que se trata de poner a disposición de los ciudadanos una ingente cantidad de información, sin una oferta "clara y nítida" y ha aludido a que es difícilmente compatible con la Ley de Protección de Datos. "Esta ley es compleja, costosa y escasamente útil", según Romero, para quien la Ley andaluza de Transparencia debería ser objeto de revisión.
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha señalado que esta propuesta de Podemos marca, sin duda, una senda positiva de profundización en la calidad democrática de las instituciones y en lo que supone analizar la acción del Gobierno y el recorrido del dinero público. No obstante, ha estimado que el texto necesita alguna mejora que garantice que tener acceso a la información bancaria de la Junta procura un conocimiento preciso a quien accede no solo de los movimientos de las cuentas, sino de la actividad económica de la administración.
La proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Podemos cuenta con seis artículos y una disposición final. En el artículo 1 se indica que, por la presente ley, se declaran como abiertas y accesibles todas las cuentas de la administración pública andaluza y de los organismos, agencias y entes recogidos dentro del ámbito del artículo 3.1 de la Ley de Transparencia de Andalucía.
"Una cuenta abierta y accesible es aquella que puede ser consultada en la forma y los términos con los cualquier particular puede consultar sus propias cuentas en una entidad bancaria, sea en formato digital o presencialmente en una sucursal", según se indica. Se añade que el derecho de acceso a esta información pública no incluye la posibilidad de operar con la cuenta.
Asimismo, se señala que los límites a este derecho de acceso vendrán determinados por lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y por otras leyes que reserven expresamente el carácter secreto de algún dato.
Tras el rechazo a la iniciativa, la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha manifestado a los periodistas que es evidente que el PSOE-A no quiere enseñar las cuentas de la Junta, frente a la posición que los socialistas han tomado en otras comunidades, donde sí han apoyado esta ley, como en Extremadura, Comunidad Valenciana o La Rioja.
En su opinión, si no se quieren enseñar las cuentas será porque hay "algo que esconder" y ha dicho que llama la atención que el
PSOE-A haya elevado a 5.000 las cuentas de la administración autonómica, mientras que la Cámara de Cuentas las situó en algo más de 300.
Ha considerado que en el Parlamento hay una "alianza contra la verdadera transparencia", cuando es fundamental para luchar contra los casos de corrupción. Ha dicho que Podemos seguirá insistiendo en la necesidad de que se implanten mecanismos de "radical transparencia".
Supresión del impuesto de donaciones y sucesiones
Asimismo, el Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE-A, Podemos e IU, y el apoyo del PP-A y de Ciudadanos (C's), la toma en consideración y consiguiente tramitación de la proposición de ley para la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones presentada por grupo popular.
En defensa de la proposición de ley, el presidente del PP-A y del grupo parlamentario, Juanma Moreno, ha comenzado su intervención criticando que el PSOE-A y C's hayan tenido "secuestrado" el debate de esta propuesta de ley que ha tardado "cien días" en llegar al Pleno, lo que pone de manifiesto, a su juicio, "una falta de respeto hacia la pluralidad democrática y la libertad de expresión de los grupos". De esta manera, ha asegurado que el PP-A seguirá llevando al Parlamento todas las propuestas necesarias para hacer de Andalucía una región "próspera y llena de oportunidades".
Sobre la proposición de ley para la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones, Moreno ha explicado que persigue reducir de manera responsable, progresiva y gradual, la tributación que los andaluces soportan por este impuesto para hacerlo equiparable a otras comunidades. Además, ha explicado que tras esta iniciativa, su grupo presentarán otras para lograr una "reforma integral desde el punto de vista fiscal que tanta falta le hace a nuestra tierra".
"El Gobierno de Andalucía, en virtud de sus competencias y autonomía, ha provocado la mayor carga fiscal para los andaluces y un agravio comparativo con el resto de comunidades", ha censurado el líder del PP-A que ha afirmado que los andaluces son los ciudadanos que "más llegan a pagar cuando reciben una donación o herencia". Es más, ha concretado que "se puede llegar a pagar cien veces mas que en otra comunidad autónoma", por lo que entiende que este impuesto es "un disparate fiscal".
Asimismo, Moreno ha explicado que la consecuencia directa de este impuesto ha provocado que, en 2009, Andalucía sea la comunidad autónoma en la que más ha aumentado las renuncias a las herencia, situación, para el PP-A, "grave y triste". Ha cifrado en 6.000 las familias que en 2014 han tenido que renunciar a algo "tan preciado, no solo en lo material, sino en lo afectivo y emocional, como es una herencia".
Por todo, el PP-A propone una disminución progresiva del impuesto de donaciones y sucesiones con bonificaciones graduales en tres años, con un 33 por ciento en 2016, un 66 por ciento en 2017, y un 99 en 2018. Y es que, como ha defendido Moreno, el PP-A "hace las cosas con seriedad y responsabilidad, y entendemos que no se puede hacer de un año para otro".
Asimismo, merced de esta proposición de ley, los populares quieren que Andalucía tenga las mismas ventajas fiscales que otras tierras de España, y ha puesto como ejemplo los casos de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha o Baleares. "¿Por qué los andaluces tenemos que pagar más que el resto de los españoles?, ¿por qué se nos condena a una injusticia palmaria y evidente como es este impuesto?", se ha preguntado durante su intervención.
Además, Juanma Moreno ha aseverado que aplicar esta propuesta no desequilibraría las cuentas públicas, cuando tendría un impacto fiscal de 58 millones anuales del 2016 al 2018, un dato, según ha explicado, obtenido de las estadísticas de la Agencia Tributaria en Andalucía y de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
De otro lado, la iniciativa, al margen de la bonificación, contempla aumentar las reducciones en la base imponible por razón de parentesco para familiares de primer grado, "equiparando este extremo al resto de mayoría de las comunidades autónomas".
El PP-A, ha manifestado, propone que "un padre pueda donar a su hijo la primera vivienda habitual hasta 120.000 euros en especie y no en efectivo", y también que "unos padres puedan donar hasta 50.000 euros a sus hijos sin pagar impuestos, especialmente en el caso en el que esos hijos estén en situación de desempleo y esa ayuda sea para poder vivir".
"Queremos acabar con situaciones que son tremendamente injustas para los herederos", ha subrayado el líder del PP-A que ha defendido que esta supresión gradual del impuesto y las demás medidas que contempla la proposición de ley van "a favor de las clases medias, a favor de Andalucía, y por la justicia fiscal que tanto necesita nuestra tierra".
En su turno de réplica, Moreno ha pedido expresamente su apoyo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la que ha reprochado su falta de atención durante el debate al darle la espalda mientras se refiera a ella; y que, con esta proposición de ley, tenía una "oportunidad de oro" para terminar con esa situación de "injusticia".
Para posicionar a los grupos, por parte del PSOE-A Jesús María Ruiz ha reprochado al PP que por tercera vez traigan al Parlamento andaluz el debate sobre este impuesto cuando "hay unas elecciones cerca". Se ha pronunciado en contra de suprimir este impuesto que, como ha recordado, "es uno de los tributos que contribuyen a la equidad de los sistemas fiscales y la igualdad de oportunidades".
Ha afirmado que el PSOE-A defiende una regularización y reforma de este impuesto pero de manera armonizada en todo el territorio, para que no sea usado por los gobiernos regionales, "o por la oposición en Andalucía", para generar situaciones de competencia fiscal desleal y de forma "demagógica", al tiempo que le ha criticado que el Gobierno central no haya abordado dicha reforma.
La parlamentaria de Podemos Esperanza Gómez ha defendido que el impuesto debería corregirse para que "recobre su sentido original" y que esa modificación debe abordarse en las Cortes Generales, y también en el Parlamento dentro de las competencias autonómicas. Y es que, para Podemos, el impuesto tal y como se aplica ahora en Andalucía presenta unos problemas que derivan de la regulación estatal de carga impositiva al pequeño y mediano ahorro, de la competencia desleal entre comunidades autónomas, por el salto que se produce en los 175.000 euros, y porque la tarifa está congelada desde 1999.
Marta Bosquet, diputada de C's, tras replicar a Moreno que su grupo no ha votado en contra a la tramitación de esta proposición de ley en la Mesa, ha saludado la propuesta del PP-A si bien ha asegurado que su partido persigue "una armonización que acabe con la incoherente situación que se vive en España actualmente", para que "sea totalmente igualitario en todas las comunidades autónomas". Entiende que este impuesto es "excesivamente gravoso" en Andalucía y ha recordado que el pacto de investidura que mantiene con el PSOE-A también contempla medidas que persiguen reducirlo.
Por parte de IULV-CA, Elena Cortés ha criticado que el PP-A ha presentado un "falso debate" sobre este impuesto y que la coalición de izquierdas propone, en vez de "agujerear" el sistema fiscal porque "no es posible limitar los ingresos que necesita un estado social y democrático", que, alejado del entorno electoral, se celebre en enero un debate extraordinario sobre el modelo fiscal de Andalucía "que asegure que la ley es igual para todos los ciudadanos".