Viernes 31 de octubre de 2014
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) dentro la
reclamación de que se investiguen las implicaciones existentes con Burgos de la
"Operación Púnica", acción contra la corrupción que desarrolla el
grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, expone a la opinión pública la urgencia de que se aclaren
rápida y exhaustivamente los trabajos realizados en Burgos, y especialmente en
la climatización del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y sus
modificaciones, por la empresa CofelyContracting, filial en España de GDF Suez,
e implicada en la trama de corrupción que presuntamente dirigían Francisco
Granados y David Marjaliza, cuyo director general Didier Maurice y tres de sus
más altos directivos han sido detenidos. Según las informaciones que obran en
poder de la formación castellanistas, Cofely podría haber recibido una cifra en
torno a los 25 millones de euros por sus actuaciones en la construcción del
Nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y algunos de sus modificados
ulteriores. Así, Cofely fue la adjudicataria de la implementación de los
Servicios de Climatización del HUBU, por importe de 17 millones de euros,
aunque finalmente recibió más de 21 millones de euros (con un incremento del
coste inicial cercano al 25%, cuatro millones de euros más). Además Cofely fue
la adjudicataria de las obras asociadas a la Climatización del HUBU, en varios
de los modificados posteriores a la redacción del proyecto inicial del HUBU,
por importes que rondarían los 4 millones de euros más.
Por tanto, Cofely podría haberse hecho con un
total de 25 millones de euros de dinero público, por su intervención en el
HUBU, constituyendo así la mayor operación económica que la empresa clave de la
corrupción que aflora la "Operación Púnica" realizó en Castilla y León. Hay que
recordar que la Junta de Castilla y León, que dice haber puesto este jueves
encima de la mesa sus expedientes con Cofely, y que suman pagos por 6 millones
de euros, y los ha remitido a la Audiencia Nacional, invitando a todas las
administraciones, a hacer lo mismo, olvida que el dinero con el que se paga la
construcción y mantenimiento del HUBU es también dinero público de los ciudadanos
de Castilla y León. A estas cifras hay que sumar un contrato de la sociedad
pública Somacyl, con la Universidad de Valladolid para poner en marcha una Red
de Calor, adjudicada por 7,5 millones y financiada a través del Banco Europeo
de Inversiones. La propia empresa Cofely reconoce en su página web que su
participación en la construcción del HUBU, constituye uno de sus seis proyectos
más destacados en España.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclaman que
se aclaren las cantidades millonarias aportadas por la UTE adjudicataria del
nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y formada por las empresas OHL y
Urbanizaciones Burgalesas, y por la empresa concesionaria de esta instalación
hospitalaria, EFICANZA, a la citada empresa Cofely por la implementación de las
Instalaciones de Climatización y los sucesivos modificados de esta
Climatización en el HUBU. Los castellanistas recuerdan que CofelyContracting,
filial de la multinacional francesa GDF Suez, era utilizada como intermediaria
en la consecución de contratos multimillonarios por parte de la trama de
Granados y Marjaliza, y que la Guardia Civil le atribuye la consecución
irregular de hasta 160 millones de euros en contratos, parte de los cuales
destinó a pagar las adjudicaciones amañadas a políticos y técnicos
participantes en esta trama. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que el
HUBU, cuyo coste inicial de 242 millones de euros se disparó hasta casi 450
millones de euros, con una concesión anual a la empresa EFICANZA por 70
millones de euros anuales y con unos beneficios garantizados del 7% de su
facturación, ha manejado en exclusiva dinero público, procedente del bolsillo
de todos los ciudadanos de Castilla y León a través de la Junta de Castilla y
León y sus cuentas deben ser transparentes y accesibles.
Los castellanistas también exigen aclarar las
posibles vinculaciones con la Operación "Púnica" que afectarían al antiguo
alcalde de Burgos por el PP, Juan Carlos Aparicio, perteneciente a la cúpula
directiva de INDRA y a sus órganos de Control y Auditoría, empresa actualmente
investigada por la adjudicación de contratos millonarios que le efectuó la
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cuyo
consejero delegado, José Martínez Nicolás ha sido detenido por esta causa. El
PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que la "Operación Púnica" también
afecta a Burgos en la persona de su exalcalde Juan Carlos Aparicio, al estar
siendo investigada la empresa de cuyos órganos de gobierno participa, INDRA por
los contratos que le adjudicó el hoy detenido por presunta corrupción, Jefe de
Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, consejero
delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, desde la que se
controla el sistema informático de la Comunidad de Madrid cuyo nombramiento se
efectuó cuando francisco Granados era consejero de Presidencia; la citada
agencia tiene asignado para este año un presupuesto superior a los 155 millones
de euros, con una importante partida dedicada "a contratos con terceras
empresas". Juan Carlos Aparicio es Vocal del Consejo de Administración de
INDRA en representación de la SEPI por indicación del PP con una remuneración
de 100.000 euros al año, y además es relevante señalar que Juan Carlos Aparicio
es específicamente miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de INDRA,
que debe velar por la calidad, transparencia y control de los contratos que
efectúa esta empresa.
Juan Carlos Aparicio ya ha estado salpicado por
otros casos de corrupción investigados por la Justicia, así, su nombre aparecía
citado en los "Papeles de Bárcenas" dentro de los apuntes contables
que explicitan pagos ilegales en metálico durante el año 1992, desde la sede
nacional del PP al entonces diputado del PP, Juan Carlos Aparicio por importe
de 650.000 pesetas y al exalcalde de Burgos José María Peña, por importe de 30
millones de pesetas.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) exige la
regeneración del sistema político, que pasa por una previa e intensa
persecución implacable de la corrupción y un endurecimiento de los criterios de
control, transparencia y funcionamiento económico de los partidos políticos,
como medidas ineludibles para el rescate ciudadano de la democracia y de las
instituciones públicas.