Redacción | Martes 14 de enero de 2014
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha
acordado continuar la tramitación de la causa contra la senadora
socialista por Salamanca Elena Diego Castellanos y contra la concejal en
Villamayor Cándida Egido Muñoz por un presunto de prevaricación de
conformidad con lo previsto en los artículos 780 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, según ha informado este martes el TSJCyL.
En el acuerdo, el alto Tribunal ordena dar traslado de las
actuaciones al Ministerio Fiscal y a la Acusación popular para que, en
el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral u se
formule escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa, o,
excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El auto, que firma el magistrado instructor Francisco Monterde Ferrer lleva fecha del pasado 7 de enero.
En los razonamientos jurídicos se recoge que Elena Diego pudo
incurrir en un delito de prevaricación en cuanto aprobó, en 2008 cuando
era alcaldesa de Villamayor, la contratación de dos monitoras "obviando
la tramitación de cualquier tipo de expediente, sin respetar los
principios de mérito y capacidad y acceso igualitario a la función
pública", además de que mantuvo esta contratación varios meses "pese" al
informe del Interventor en el que se le advertía "de las
irregularidades".
Asimismo se recoge que pagó a una de las monitoras "una retibución superior a la correspondiente" durante varios meses.
En el caso de la concejal socialista, el auto recoge que
presentaba las propuestas de resolución "arbitrarias e injustas" que
luego la alcaldesa "convertía en decreto", por lo que también se la
acusa de un presunto delito de prevaricación "en el que habría
participado a título de cooperación necesaria".
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