Redacción/Ep | Martes 07 de enero de 2014
El Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid)
debatirá en el Pleno que celebra en la tarde de este martes y,
previsiblemente, aprobará una de las primeras mociones presentadas por
el PSOE para plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional
dirigido a que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, conocida
como 'Ley Montoro'.
El alcalde socialista de Tordesillas, José Antonio González
Poncela, y el secretario general del PSOE de Valladolid, Javier
Izquierdo, han presentado esta moción que el Grupo Socialista defenderá
en el Pleno correspondiente al mes de enero y que espera pactar a lo
largo de la jornada con el Partido Popular para que sea un texto
institucional.
En todo caso, Javier Izquierdo ha destacado que será la primera
moción de este tipo que se apruebe en la provincia de Valladolid y,
posiblemente, una de las primeras tanto en ayuntamientos de Castilla y
León como del conjunto del Estado.
La propuesta será defendida en las próximas semanas por el PSOE en
otros ayuntamientos españoles y castellanoleoneses, incluido el
Consistorio vallisoletano, donde se celebrará Pleno el próximo martes,
14 de enero.
El texto plantea la tramitación de un conflicto ante el Tribunal
Constitucional al objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la
Ley que, como ha recalcado Izquierdo, supone "un ataque contra la
autonomía local y puede implicar un claro desmantelamiento de la
presencia de los ayuntamientos en el medio rural". Asimismo, incluye
también un punto que insta a las federaciones Española y Regional de
Municipios y Provincias a facilitar a los ayuntamientos el cumplimiento
de los requisitos establecidos,
El secretario general ha añadido que para que se pueda plantear
ese conflicto se requiere un consenso de una séptima parte de los
ayuntamientos españoles que, además, aglutinen un sexto de la población.
Izquierdo ha subrayado la importancia que tendría Valladolid para esta
campaña pues cuenta con 225 municipios, de los en torno a 1.080 que se
necesitarían para avanzar con el proceso.
El representante socialista ha subrayado que el PSOE va a "llegar
al final" con la propuesta, porque considera que "muchos" de los
ayuntamientos del Partido Popular y sus alcaldes "también están en
contra" de la Ley que modificará la Administración local, y ha
manifestado que espera que algunos de ellos promuevan o apoyen la
iniciativa socialista.
En cuanto al requisito de incluir a la sexta parte de la población
española, el secretario provincial socialista ha incidido en que
existen ayuntamientos "con mucha población", más allá de las capitales
de provincia, que pueden aportar para llegar a ese "quorum".
Servicios esenciales
Tanto Javier Izquierdo como el primer edil de Tordesillas se han
referido especialmente a la posibilidad que establece la Ley de que
competencias y servicios "esenciales" como la gestión de residuos, el
abastecimiento de agua o la pavimentación de la vía pública puedan ser
arrebatadas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, como sería
el caso de la localidad tordesillana.
Esas funciones pasarían a ser responsabilidad de las diputaciones,
que, según Izquierdo, tendrían complicado asumir los costes de las
mismas y, ha aventurado, terminarían por asignarse a empresas privadas
de prestación de servicios que "dependen de las grandes constructoras".
González Poncela ha incidido en la "preocupación" que genera la
reforma en su Consistorio y ha citado específicamente el caso del
abastecimiento de agua que gestiona actualmente y por el que recibe
numerosas solicitudes de aplazamientos de pagos de familias que no
pueden hacer frente a las facturas a causa de su situación económica
que, en ningún caso, ha defendido, acaban con un corte del servicio.
"Si el servicio pasa a la Diputación, los ciudadanos tendrían que
ir a pedir el aplazamiento al presidente y sería mucho más difícil", ha
augurado González Poncela, quien ha reflexionado que "ningún ciudadano
de Valladolid y España que haya votado a sus representantes no pueda
elegir a quien gestiona el agua o limpieza de residuos".
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