El Congreso aprueba la reforma local, año y medio después de que el Gobierno aprobara el primer borrador

El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que se han elaborado una treintena de borradores, el primero, en julio de 2012, hace año y medio.

La iniciativa ha contado con el apoyo del PP, PNV y UPN y ha mantenido en contra al resto del arco parlamentario de principio a fin de la tramitación; estos grupos acusan al Gobierno de perseguir la autonomía municipal, querer quitar competencias a los ayuntamientos y facilitar la privatización de la prestación de servicios. También aseguran que no respeta las competencias autonómicas y busca una 'recentralización', por lo que ya se anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional.

El último debate en el Congreso ha servido para aprobar las enmiendas introducidas en el Senado y los grupos han reiterado los argumentos que han mantenido en los últimos meses.
 
Gaspar Zarrías, diputado y secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, ha insistido en rechazar la ley y ha anunciado que su partido acudirá al TC por tres vías. Primero, el recurso de 50 diputados o senadores por "el ataque a la garantía constitucional de la autonomía local". También apoyará el PSOE los recursos de autonomías como Asturias o Andalucía, y que espera que se sumen Galicia y Castilla y León.
 
Y como tercera vía, Zarrías ha asegurado que quieren movilizar a los ayuntamientos para que ellos mismos acudan al TC: podrán hacerlo si suman una séptima parte de los municipios y representan además a un sexto de la población. "Serán más de 1.160 ayuntamientos de más de 7,5 millones de españoles los que se sumen", ha augurado.
 
Por parte de CiU, Carles Páramo, ha considera especialmente contraria a la autonomía de Cataluña esta ley. "¿No será que el gobierno exhibe tales actitudes a aquel pueblo irreductible del noroeste del imperio?", ha dicho recurriendo al famoso cómic francés de 'Astérix y Obélix'. El diputado ha acusado al PP de aprobar leyes "contra todos" y que este es el ejemplo. "Esta ley no es buena para Cataluña ni para el resto del Estado", ha dicho.
 
Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural, ha sido muy crítica también con la ley por cómo incidirá en la prestación de servicios sociales, condenados en muchos casos a desaparecer. "Traerá sin duda un mayor sufrimiento para los de siempre, los que están pagando esta farsa que se la crisis", ha dicho.
 
Rosa Díez ha rechazado la reforma igualmente, "que no está a la altura de las necesidades del país, hecha claramente para mantener los chiringuitos y que no resuelve los problemas, muchos, de la administración local española". La diputada ha criticado entre otras cosas que el urbanismo siga en manos municipales, "una administración fácilmente presionable".

El PNV ha valorado cómo ha quedado la ley, que su partido apoya, y especialmente el respeto al régimen foral vasco y navarro. "Ahora depende de las instituciones vascas y de los partidos vascos decidir el modelo local. También en Navarra", ha dicho Aitor Esteban. El diputado de UPN Carlos Salvador también ha defendido el respeto al fuero navarro en la ley y el proyecto en sí mismo.
 

Cambios

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas empezó a trabajar en este texto hace más de año y medio y llevó a Consejo de Ministros un primer documento en julio de 2012. Sin embargo, provocó una gran polvareda incluso en las filas del PP.  La iniciativa incluía inicialmente la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el coste estándar', la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.
 
Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. La reforma incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las comunidades en unos plazos definidos.
 
Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las autonomías y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente. La aplicación de este espinoso asunto queda además a expensas de la futura reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, que deberá tener en cuenta esta novedad.
 
Además, se impone a lo largo de toda la ley el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.
 
Por otro lado, se ponen topes a las retribuciones de alcaldes, que no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda, entre otros asuntos.