Necesitamos agricultores jóvenes

El sostenimiento de la agricultura y la industria agraria durante los cinco años de crisis y el aceptable acuerdo de la nueva PAC nos permiten albergar la esperanza de una positiva evolución del sector agrario en los próximos años. Todos los que vivimos la agricultura estamos observando el retorno de jóvenes, en algunos de nuestros pueblos, expulsados por la pérdida de empleo en la construcción, la industria o los servicios.  La posibilidad de su incorporación a las actividades agrarias como agricultores a título principal, ante las nuevas expectativas que puede ofrecer la obligada cesión del pago único por numerosos perceptores de ayudas sin actividad real, es una esperanza para un futuro innovador y tecnológico.
            En Castilla y León son 23.000 los perceptores de ayudas de la PAC que, no solo no son agricultores, sino que no compran inputs ni venden productos agrarios, es decir, aunque sean propietarios de tierras no realizan actividad real alguna. En la mayoría de los casos la cesión del pago único se resolverá por un simple cambio de contrato pero también podría permitir la incorporación de nuevos agricultores.
            El campo castellanoleonés ha perdido 475 agricultores y ganaderos en el último año, lo que significa una caída del 1,12 %, casi el doble de la media nacional del 0,66%. En los poco más de cinco años de la crisis, desde enero de 2008 hasta agosto de 2013, 7.675 profesionales agrarios han dejado de cotizar a la Seguridad Social por la actividad agraria, lo que significa una disminución de cotizantes superior al 15 por ciento, una pérdida media de activos de más de 1.200 cotizantes por año y de más de cuatro cotizantes por día.
            Durante los últimos treinta años el campo español ha ido envejeciendo progresivamente hasta tal punto que, en el año 2010, según datos de la Comisión Europea, solamente el 5,3% de los agricultores españoles se encontraban por debajo de los 35 años de edad, mientras el 56,3% sobrepasaba los 55 años. Es decir, tenemos 10 agricultores mayores de 55 años por cada agricultor menor de 35 años. Analizando los datos del FEGA, relativos a las ayudas directas percibidas por los agricultores y ganaderos en el ejercicio 2012, solamente el 3,4% de los beneficiarios tienen menos de 35 años mientras el 63,4% de los perceptores tienen 55 años o más. Esta situación se reproduce de forma similar en el conjunto de la Unión Europea ya que, según Eurostat, uno de cada tres jefes de explotación tiene más de 65 años (4,5 millones de agricultores) y, en consecuencia, muchos de ellos se jubilarán próximamente.
            España, con un paro juvenil, derivado de la crisis, del 54,7%, necesita promover empleo con urgencia, no sólo porque se lo exige la UE para lo que ha concedido 1.800 millones de Euros, sino para conseguir que la mayoría de nuestros jóvenes encuentren su futuro en su propia tierra. El sector agrario puede cumplir actualmente este objetivo de retener a muchos jóvenes en el medio rural consiguiendo, al mismo tiempo, promover el relevo generacional, el rejuvenecimiento profesional y la innovación tecnológica. Los jóvenes están respondiendo, porque en el último año se han incrementado en un 79% las solicitudes de incorporación al sector agrario, lo que demuestra un interés sin precedentes para acceder a la profesión de agricultor y ganadero.
            Para conseguirlo, el gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas tienen que resolver los problemas a los que tienen que enfrentarse los jóvenes que pretenden incorporarse, comenzando por eliminar las dificultades presupuestarias de ambas Administraciones que retrasan los pagos de ayudas a la incorporación durante años. Pero también decisiones que les permitan superar la permanente situación de incertidumbre que afecta a las actividades agrarias y en particular a la ganadería, el acceso a la tierra y al crédito y la baja rentabilidad, empeñándose en conseguir la regulación y estabilización de los mercados agrarios, que no ha afrontado con decisión la nueva PAC. No menos importante debe ser el establecimiento de beneficios fiscales para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria y, en especial, a los que vivan en el medio rural, porque supondría reconocer política y socialmente el servicio que van a cumplir.
El potencial productivo de las actividades agrarias, generador de riqueza y empleo, no sólo en la propia producción primaria, sino también en toda la cadena de valor que incluye a la industria agroalimentaria, al comercio, a la hostelería e incluso al turismo y la gastronomía, sólo puede desarrollarse y progresar en España y, más aun en Castilla y León, empeñándose, con decisión y con todas las medidas necesarias, en la incorporación actual de los jóvenes a la agricultura.
 
Fernando Franco Jubete. Ingeniero Agrónomo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia.