La acusación pública entiende que la situación del único asesino reincidente de la provincia no se ha visto afectada por la sentencia que anula la doctrina Parot
Redacción/EFE | Viernes 13 de diciembre de 2013
Fiscalía de Valladolid se ha pronunciado ya a
favor de que Ramón Mazariegos Pelillo, el único asesino reincidente en
la historia judicial vallisoletana, continúe entre rejas cumpliendo pena
por entender que su situación penitenciaria no se ha visto en modo
alguno afectada por la reciente sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que anuló la 'doctrina Parot', según informaron a
Europa Press fuentes jurídicas.
A diferencia de lo ocurrido con otros presos como Juan Manuel
Valentín Tejero y Pedro Luis Gallego, ya en la calle desde hace semanas
tras revisar las audiencias provinciales de Valladolid y Burgos,
respectivamente, su situación a raíz del referido fallo del TEDH, todo
apunta a que el recluso Ramón Mazariegos Pelillo, condenado a penas que
suman casi sesenta años por las muertes de una limpiadora del bar
'Cuchus' en 1992 y de un vecino de Santovenia en 2004, seguirá aún una
buena temporada en el centro cántabro de El Dueso, donde se encuentra
ingresado.
De hecho, el escrito de puño y letra presentado por Mazariegos
Pelillo para su inmediata puesta en libertad, en aplicación de la
sentencia del TEDH y por entender que lleva ya veintidós años en la
cárcel y ha cumplido el límite máximo permitido, cuenta ya con la
frontal oposición de la Fiscalía vallisoletana, que ha emitido informe
ante el tribunal sentenciador--la Sección Cuarta de lo Penal--en el que
se muestra taxativa al asegurar que en su caso no hay nada que revisar,
ni por la fecha de los hechos ni por las sentencias recaídas sobre él ni
por la fecha del auto de acumulación de condenas.
El solicitante fue condenado en octubre de 2007 por la Audiencia
vallisoletana a veintinueve años y tres meses de cárcel como autor del
asesinato y robo cometidos en la madrugada del 16 de enero de 2004 en la
persona de José Antonio S.L, al que condujo esa noche hasta una
solitaria zona del barrio vallisoletano de Puente Duero con el falso
pretexto de mantener un contacto sexual pero con el verdadero propósito
de apuñalarle para luego arrebatarle una tarjeta de crédito.
Se da la circunstancia de que el condenado cometió dicho delito
aprovechando la libertad condicional de que gozaba tras cumplir once
años de cárcel, de los veintiocho a los que fue condenado, por el
asesinato en 1992 de la trabajadora del servicio de limpieza del bar
'Cuchus' Lidia R, de 64 años, a la que robó tras asestarle una veintena
de puñaladas.
Su caso es el único registrado en Valladolid en el que un mismo
individuo ya condenado por homicidio vuelve a reincidir nada más salir a
la calle.
Como consecuencia del asesinato ocurrido en Puente Duero, el
Estado, concretamente el Ministerio del Interior, se vio obligado a
indemnizar a la familia de la víctima--la madre y cinco hermanos--con
100.000 euros, atendiendo así la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional la reclamación realizada en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración.
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