Redondo advierte de que la reforma local no permite coste adicional para las administraciones públicas como quiere la Junta

La viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, ha advertido este viernes de que el proyecto de ley de Reforma Local del Gobierno de la nación, actualmente en trámite parlamentario en el Senado, no permite que el traspaso de las funciones municipales a las comunidades autónomas genere un coste adicional para las administraciones públicas por lo que ha preguntado a la Junta cómo y quién pagará los 331 millones de euros que supondrá, según los primeros cálculos, el traspaso de competencias se servicios sociales (201), educación (100) y sanidad (30).

Tras advertir de que el modelo de servicios públicos y de ordenación del territorio de Castilla y León, que funciona "relativamente bien",  está "seriamente amenazado", Redondo ha explicado que "sigue en el aire" quién va a financiar unas funciones que se prestan a través de un modelo de cooperación, de cofinanción y de proximidad que favorece un conocimiento inmediato de los problemas y una pronta solución a los mismos.

"Ese modelo está en serio peligro", ha reiterado Redondo, para quien la imposición del principio "una competencia, una administración", que "puede sonar muy bien sobre el papel", no garantizará en la práctica que sea más eficaz y más eficiente ya que al dejar su gestión en manos de una sola institución y no llevar más financiación acabará con un encarecimiento del servicio para el usuario o con su privatización.
 
"La Junta lo tiene que pelear y asumir el dilema de la aplicación de la normativa de la Ley de Ordenación del Territorio o la estatal", ha exigido la viceportavoz del Grupo Socialista, para quien se hace necesario también que el Gobierno autonómico "se ponga las pilas" para poner en marcha una modificación del sistema fiscal autonómico en el que paguen más los que más tienen y que permita sufragar ese incremento del gasto por la futura asunción de las funciones municipales.
 
Ana Redondo ha lamentado a este respecto que la Junta haya renunciado en principio a esa modificación del sistema fiscal, donde el Grupo Socialista ha puesto sobre la mesa ya una propuesta para recaudar unos 300 millones de euros, por lo que ha concluido que no habrá otra opción que encarecer los servicios o privatizarlos lo que derivará a su vez en la supresión de muchos municipios de Castilla y León.
 
La viceportavoz ha reivindicado la importancia de un asunto en el que está en juego el futuro de Castilla y León para el horizonte de los próximos 10 o 20 años y la calidad de vida de los castellanoleoneses por lo que el Grupo Socialista planteará en el próximo pleno --se celebrará los días 10 y 11 de diciembre-- sendas iniciativas en defensa del actual modelo de ordenación para lo que se propone una reforma del Estatuto que recoja un suelo para el gasto social en la Comunidad.
 
Ana Redondo se ha mostrado convencida de que la ley que pretende "imponer" el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "lesiona gravemente" los intereses de la Comunidad Autónoma, especialmente al medio rural y ha advertido también de que una cosa es la voluntariedad política de determinadas afirmaciones y otra la seguridad jurídica que sólo da lo escrito en la ley.
 
En este sentido, ha dudado de las afirmaciones del ministro Montoro a la Junta sobre las garantías para la financiación de esas funciones. "Las enmiendas dicen lo que dicen se quieran leer como se quieran leer", ha manifestado Redondo que ha explicado que la actual redacción del proyecto de ley es que la titularidad de las funciones de sanidad, servicios sociales y educación pasará a las comunidades en unos plazos determinados y en una progresión temporal que, "sorprendentemente", será a partir de 2015, en lo que la viceportavoz ha calificado de decisión "electoralista".