Casi 5.000 "expulsados" del sistema de Dependencia y 1.450 los puestos de trabajo destruidos, según el PSCyL

El Partido Socialista de Castilla y León ha cifrado en casi 5.000 las personas que en el último año han sido "expulsados" del sistema de Dependencia en la Comunidad y en 1.450 los puestos de trabajo destruidos en el sector. Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la secretaria de Asuntos Sociales del PSCyL, Marta Olmedo, quien en rueda de prensa ha calificado de "negativo" el balance del último año en materia de Dependencia, sector que ha sido "atacado sin compasión" y que en la actualidad cuenta con menos recursos "y peores prestaciones".
 
En este punto se ha referido a las 4.954 personas que en el último año de "recortes" de los gobiernos central y autonómico han salido del sistema de Dependencia --14 al día-- cuando "lo normal" era que anualmente las incorporaciones alcanzaran las 12.000 personas.

El descenso de la partida en 58 millones, que a su juicio imposibilita ofrecer la misma calidad y servicios, se ha traducido, además de en la mencionada salida de 5.000 personas del sistema, en la pérdida de 1.450 puestos de trabajo y en el descenso de servicios, plazas públicas y "menor intensidad" en la ayuda a domicilio, así como "peores prestaciones".
 
Olmedo, quien ha lamentado que las prestaciones por cuidados en el entorno familiar haya caído o se quede en "cantidades insultantes", ha criticado el "discurso optimista" de la consejera de Familia, Milagros Marcos, que a su juicio no concuerda con los datos. "Quiero dejar claro que en Castilla y León quien desestabiliza y pone en peligro el sistema de Dependencia es el PP".
 
El año ha sido "realmente duro y difícil" y el futuro no es "nada halagüeño" tras el debate sobre el techo de gasto, en el que se han pedido más sacrificios a una sociedad "al límite".
 
Iniciativa legislativa

Por su parte el portavoz de Familia e Igualdad del Grupo Parlamentario, Jorge Félix Alonso, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en las Cortes para que los centros que han sustituido el servicio de plazas concertadas cuenten con un control en su política de precios.
 
Asimismo, se reclamará el establecimiento de condiciones de calidad y la realización de controles técnicos de estos centros, según Alonso, quien ha destacado que la Junta apuesta por reducir sus aportaciones y que las familias de los dependientes tengan que "pagar más" y que el paso de las plazas concertadas a la prestación económica vinculada ha conllevado un sobrecoste a las familias.