La Junta acusa a Cañete de pretender que aportaciones que reembolsan los agricultores se consideren ayudas del Programa de Desarrollo Rural

Aunque tras la reunión que mantuvieron la pasada semana en Madrid el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, con el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, todo parece indicar que la situación se había reconducido, lo cierto es que las posiciones y, por lo tanto, las diferencias, se mantienen firmes.

Según han señalado fuentes de la Consejería de Agricultura, la Junta de Castilla y León ha reiterado su oposición al planteamiento del Ministerio de que las obras ejecutadas por la Sociedad de Infraestructuras Agrarias SEIASA S.A. en modernización de regadíos sean consideradas como aportación del Gobierno Central al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.

Las mismas fuentes señalan que ambas administraciones siempre han estado de acuerdo en que esta sociedad se pueda beneficiar de los fondos europeos FEADER incluidos en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, por lo que la Consejería de Agricultura y Ganadería la incluyó como beneficiaria de estos fondos y así reducir la aportación de los regantes en estas obras.

Sin embargo, "la Consejería de Agricultura y Ganadería no entiende ni acepta que el Ministerio, este año, por primera vez desde hace tres años que lleva ejecutándose esta medida, pretenda contabilizar como aportación suya el anticipo que la sociedad realiza para ejecutar una parte de la obra, y que es devuelto por los regantes en 25 años a partir del año 26 desde la conclusión de las obras.

El convenio que la Consejería de Agricultura y Ganadería suscribió en el año 2009 con SEIASA para garantizar la ejecución de un número importante de obras de modernización de regadíos en Castilla y León, se refiere exclusivamente a que la empresa pública citada pueda emplear fondos europeos FEADER pertenecientes al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. La aportación de fondos que realiza la Sociedad para obtener la financiación europea son reembolsados posteriormente por los regantes, en consecuencia no se puede considerar aportación del Estado al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León como el Ministerio ahora pretende.

Según la Consejería, "el Ministerio no busca otra cosa, sino reducir la aportación que tiene comprometida en el programa de Castilla y León al haber considerado estas cantidades como computables en su participación". Esto, aseguran, podría suponer un agravio respecto a otras comunidades autónomas que no han incluido a la Sociedad como perceptora de fondos FEADER, y causa un grave perjuicio para el cumplimiento de las medidas incluidas en este programa financiado con fondos europeos, por lo que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha manifestado su desacuerdo con esta interpretación dada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que es por otra parte absolutamente nueva ya que el convenio se suscribió en 2009, y en ningún momento se había planteado esta interpretación del mismo.

Balance

El programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007/2013 contaba con un gasto público presupuestado inicialmente de 2.000 millones de euros financiado con 849 millones de euros por fondos europeos provenientes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el resto, en un 50 %, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por la Junta de Castilla y León. En concreto, el pasado año se ejecutaron, a través de este Programa, 206 millones de euros, lo que supone que en total, desde el comienzo del periodo de vigencia, se han ejecutado 1.274 millones de euros, situándose Castilla y León entre las principales comunidades autónomas en ejecución del programa, con el 70 % del total previsto.

Este programa cuenta con diversas líneas de apoyo al sector destinadas a favorecer la instalación de jóvenes agricultores en el sector primario, fomentar la competitividad de las explotaciones a través de su modernización, ayudas a la mejora del medio ambiente, del entorno rural y de la calidad de vida en las zonas rurales y a la ejecución de los programas de desarrollo local que existen en la Comunidad y que son gestionados por los grupos de acción local.

Los 1.274 millones de euros se han dedicado principalmente a la puesta en marcha de medidas dirigidas al aumento de la competitividad agraria y agroindustrial, destinándose para ello 548 millones de euros, el 46,2 % del total. De esta forma se ha garantizado el apoyo a aquellos emprendedores que habían solicitado una ayuda para realizar una inversión en el sector agrario o agroalimentario.

Las medidas tomadas en estos cinco años han conseguido el rejuvenecimiento del sector a través de la instalación de 2.180 jóvenes agricultores y un cambio estructural en 4.292 explotaciones; el apoyo en materia de asesoramiento a 5.046 agricultores; la modernización de 8.318 explotaciones; el aumento del valor añadido en 646 empresas agroalimentarias; la mejora de infraestructuras agrarias de 76 zonas.; la contribución al mantenimiento de la actividad agraria en 32.632 explotaciones; el desarrollo de medidas agroambientales en más de 1,8 millones de hectáreas; la mejora del bienestar animal en 583 explotaciones; la forestación de cerca de 30.000 hectáreas; la conservación y mejora de bosques a través de contratos con sus gestores en 493 zonas; la ejecución de 2.829 acciones de prevención de incendios o recuperación de zonas quemadas; la ejecución de 72 proyectos de inversión en Red Natura; la ejecución de 991 proyectos que llevan a cabo los 44 Grupos de Acción Local que existen en la Comunidad.

Se deben 26 millones

Las aportaciones tanto del Ministerio como de la Junta, según establece el Programa, son necesarias para la llegada de los fondos europeos. Por este motivo, a principios de cada año, desde la Junta de Castilla y León se remite a ambas administraciones, un Plan de previsiones de fondos y las fechas a efectuar dichos pagos al sector. Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 3 de junio de 2013 la Junta de Castilla y León en su condición de organismo encargado de realizar los pagos ha remitido al Ministerio peticiones de fondos por un importe de 44.311.518 euros.

Sin embargo, de esas peticiones de fondos, el Ministerio sólo ha transferido 17.693.365,09 euros, por lo que está pendiente de transferir 26.618.153,26 euros. Al no disponer de todos los fondos del Ministerio, no se han podido realizar el pago de todos los expedientes que estaban listos para ser abonados. Además y para no perjudicar a miles de agricultores y ganaderos afectados, la Junta de Castilla y León, considerando sus posibilidades financieras, y en los pagos realizados hasta ahora, ha adelantado fondos por valor de 10.492.808 euros que debería haber aportado el Ministerio Estas cantidades han sido reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la reunión mantenida entre ambas administraciones, celebrada en Valladolid el pasado viernes 21 de junio para revisar la situación actual de los pagos.

Incluso el propio Ministerio, en la reunión de autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural, el pasado 19 de febrero, reconocía el déficit en los presupuestos con los PDR, cuantificaba la cantidad necesaria en unos 300 millones de euros y se comprometía a intentar buscar el dinero para hacer frente a los pagos. El Ministerio, en las reuniones celebradas, se ha comprometido a transferir los fondos pendientes a Castilla y León con la máxima celeridad posible.